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Los ecos del diciembre más oscuro: imputaron a Berni y Capitanich

La fiscal Graciela López de Filoñuk tomó la decisión de imputar al exjefe de Gabinete, al exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, y a la exministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, por incumplimiento de deberes de funcionario público durante el acuartelamieno policial en las trágicas jornadas del 3 y 4 de diciembre de 2013 en Córdoba.

 Miércoles, 15-mayo-2019

Sergio Berni y Jorge Capitanich, en los tiempos en que eran funcionarios de primera línea del gobierno nacional.


Para los cordobeses y cordobesas fueron horas inolvidables, y todavía siguen teniendo consecuencias judiciales y políticas. Sergio Berni, quien era secretario de Seguridad, Jorge Capitanich, jefe de gabinete en aquel momento, y Cecilia Rodríguez, que ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, fueron imputados por la fiscal federal Gracela López de Filouk por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El señalamiento de la Justicia tiene que ver con que los funcionarios nacionales no enviaron efectivs de Gendarmería ante la gravísima situación que se vivía en nuestra provincia, cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013 policias provinciales se amotinaron, en un acuartelamiento que comenzó en el Comando de Acción Preventiva (CAP) y con protagonismo de las esposas de los efectivos. La protesta fue creciendo hasta que Córdoba quedó absolutamente desprotegida y se dispararon los hechos de violencia y saqueos por toda la ciudad.

A causa de esos acontecimientos, el dato oficial indica que una persona falleció durante uno de los saqueos. Sin embargo, los números extraoficiales dan cuenta de más víctimas: muchos testigos dicen haber visto más casos.

Ante tal estado de cosas y con el gobernador José Manuel de la Sota en Panamá, los funcionarios del Gobierno nacional argumentaron que no habían enviado a la Gendarmería porque la provincia no había realizado el pedido oficial. El único pedido se realizó mediante un tuit de De la Sota en el que solicitaba que la Nación enviase ayuda para controlar la situación.

El acuartelamiento derivó en una causa judicial en la que se juzgó –y condenó- a policías por el acuartelamiento, pero López de Filoñuk actuó y llevó las responsabilidades correspondientes al plano nacional. “Cuando en la prensa comienza a ventilarse contenido con los testigos de la causa grande del motín, que se llevó a cabo en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, inicié de oficio las actuaciones porque era competencia federal todo lo que se refería a funcionarios nacionales”, aseguró la fiscal en declaraciones a Radio Universidad.