Los garantistas del aparato represivo

La resolución 234/2019 del Ministerio de Seguridad que lleva la firma de Patricia Bullrich dispone la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Increíble pero real: una de las argumentaciones de la resolución es que esta unidad se crea a partir de que la Dirección de Violencia Institucional –a la que pertenecerá el nuevo organismo- “recibe casos por presuntos hechos de violencia institucional tanto hacia la comunidad como hacia dentro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

O sea: como hay muchas denuncias de que los agentes de seguridad cometen hechos de violencia institucional, Patricia Bullrich crea una entidad para proteger los derechos humanos…¡de los agentes! La norma está inscripta en una doctrina de protección sin dobleces por parte de la ministra a las fuerzas represivas, incluso en casos escandalosos como el asesinato de Rafael Nahuel o la muerte por ahogamiento durante un operativo de Gendarmería de Santiago Maldonado. De hecho, esta nueva unidad funcionará dentro de la Dirección de Violencia Institucional, que está dentro de la órbita de la Secretaría de Coordinación con los Poderes Constitucionales, a cargo de Pablo Noceti, el funcionario de Seguridad que estuvo en el operativo en el que murió Maldonado.

El objetivo de la creación de este ente es “garantizar plenamente la protección de los derechos humanos de los efectivos” y “lograr una acción reparadora a los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea por otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos”.

Además, se propone “relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa relativa a la protección de los derechos humanos de los efectivos”. El director de Violencia Institucional, Daniel Barberis, sostuvo que esta medida profundiza “el criterio de ‘cuidar a quienes nos cuidan’ en el cambio de paradigma de poner a la víctima en el centro de nuestras preocupaciones”.

Esta decisión del Ministerio de Seguridad llega días después de que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentara su último informe anual, donde determinó que en nuestro país una persona es asesinada cada 21 horas a manos de las fuerzas del Estado. Además, este fin de semana policías de la Federal y de la Bonaerense se tirotearon en medio de un operativo por presunta corrupción policial, hecho que dejó como resultado un comisario muerto y dos heridos.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo criticó la decisión y pidió “que Patricia Bullrich no nos quiera engañar: la buena policía sabe hacer su trabajo y no necesita ninguna oficina de derechos humanos”.