Bettina Marengo

 

columnista alreves.net.ar

Los moribles

Los cinco policías que prestaban servicios en la comisaría 3a fueron desafectados.

Son los muertos menos comentados del país. Los presos de la Comisaría 3º de Esteban Echeverría de la provincia de Buenos Aires representan a los moribles, el fast food del abuso policial y de la indiferencia social, como aquellos siete jóvenes pobres que se asfixiaron y se quemaron hace casi 20 años en Córdoba, en un incendio de colchones de un calabozo hacinado del viejo Precinto 5 de barrio Güemes que ningún policía se apuró en abrir.

En Córdoba, la masacre llevó al tardío cierre del lugar, a levísimas condenas a sus responsables directos, cuatro policías de guardia, y a la impunidad del traje sin arrugas de los responsables políticos del hecho.

En Buenos Aires, hoy se supo que la gobernadora María Eugenia Vidal contrató a la fundación El Arte de Vivir, de Ravi Shankar, el gurú de Mauricio Macri, para enseñarle a los presos técnicas de respiración y relajación en medio del hacinamiento. La Comisaría 3° tenía orden de cierre y clausura de la Justicia, porque no estaba en condiciones de albergar a detenidos. La masacre se produjo el 15 de noviembre pasado y hace horas se conoció el décimo muerto. Calcado de aquella matanza cordobesa, los que debían cuidar a los presos los dejaron a su suerte en medio de un incendio, bajo llave. Abandonados por el Estado y hasta por los dioses, luego del fuego y la muerte les ofrecen que inspiren y expiren buenos aires.

Güemes, 20 años atrás

En el atardecer del hirviente 22 de enero de 1999, a un mes de la primera victoria electoral de José Manuel de la Sota, se produjo una masacre de presos pobres en una dependencia policial cordobesa donde convivían mayores y menores. Fue en el Precinto 5, conocido como la ex Comisaría décima, ubicado en Vélez Sársfield 748 del barrio Güemes. A dos cuadras estaba el hueco de la ex villa El Pocito, cuyos dos mil habitantes habitantes habían sido desalojados y trasladados en 1998. En ese ese momento, todavía con Ramón Mestre como Gobernador, el ministro a cargo de la Policía de Córdoba era Oscar Aguad, actual jefe de Defensa de Mauricio Macri.

En el cruce entre el día y la noche noche murieron siete jóvenes en una quema de colchones iniciada por un grupo de chicos menores que reclamaban que los llevaran a la cárcel de Encausados. Estaban hacinados y recibían malos tratos.

Las víctimas fueron Adrián Edgar Moreno (18), Hugo González (22), Gabriel Emilio Carreras (18), José Alberto Luna (19), David Américo Charras (20), Mariano Ezequiel Nieto (21) y César Fernando Barboza (19). Algunos hacían más de un mes que estaban detenidos en las celdas de la comisaría. Seis murieron asfixiados y el séptimo por quemaduras.

Cuatro polícias que custodiaban el lugar fueron condenados, pero por homicidio culposo y con penas mínimas y sin cárcel. El oficial subinspector Julio César Roja, el agente Julio César Allende, el agente Claudio César Mendoza y el cabo primero Carlos Esteban Moyano recibieron entre 9 y 10 meses de prisión condicional. El juez correccional Rubens Druetto consideró que hubo irresponsabilidad en su actuación, pero no dolo, aunque los sobrevivientes declararon en el juicio que los policías los dejaron morir, porque no hicieron lo necesario para apagar el fuego de los colchones y se demoraron entre 20 y 25 minutos en abrir las celdas y poner a salvo las vidas.

La comisaría, aunque no tenía matafuegos, contaba con agua corriente. “Muchos (de los policías) se reían y algunos hasta olían a vino y se estaban drogando”, señaló en su momento la crónica del diario La Voz del Interior, citando a un testigo. El Gobierno de Córdoba echó de la fuerza a los agentes condenados recién seis años después del juicio. La tristemente célebre área “Asuntos Internos” de la Policía había cajoneado los expedientes y a nadie le preocupó mucho que los culpables hayan seguido cobrando un sueldo oficial.

Las movilizaciones de las familias de los siete del Precinto 5 reclamando el cambio de carátula de la causa no conmovieron a los cordobeses. Los muertos eran varones pobres, de barrios humildes, jóvenes y que habían delinquido. Eran moribles. Como los presos de Esteban Echeverría, que pese a la ultra actividad de las redes sociales por estas horas, no logran atravesar el silencio.

En la primera edición de la Revista Desafíos Urbanos, en 1994, el fallecido periodista Roberto Reyna había escrito: “Con el discurso que realza como bienes más apreciados la seguridad y la propiedad y trabaja sobre el miedo y la sensación de indefensión de los ciudadanos, no aparece otra salida que la ‘eliminación de los elementos peligrosos’”. Y agregó: “Es una idea que se nutre de las concepciones de los militares del ’76, cuando sostenían que la seguridad se generaba a través del terrorismo de estado”. De esta manera, continuó Reyna, “se proyecta como una peligrosa pendiente en cuyo final está la solución brasileña, con sus escuadrones de la muerte, los linchamientos públicos y una crisis social que alimenta hasta el infinito la violencia urbana”. Como si hubiera visto el Protocolo Bullrich del gatillo fácil y el ascenso del Bolsonaro en el gigante de al lado.