Los pioneros antiderechos

En Tucumán, más de la mitad de los legisladores provinciales firmaron un proyecto para prohibir los abortos en casos de violación, contradiciendo el Código Penal y anulando una causa de aborto no punible.

 viernes, 9-noviembre-2018

Los legisladores tucumanos pretenden devolver su provincia a la Edad Media.


Durante la discusión a nivel nacional por la legalización del aborto que terminó con el rechazo del proyecto en el Senado los sectores antiderechos argumentaban para oponerse que lo que hacía falta era más eduación. Sin embargo, no sólo no hicieron nada en ese sentido, además de oponerse a la Educación Sexual Integral sino que además ahora quieren dar marcha atrás en Tucumán con el aborto no punible en casos de violación.

Esta verdadera aberración jurídica tomó forma de proyecto de ley provincial que fue firmado por 29 de los 49 legisladores de esa provincia, que se declaró “provincia próvida” en agosto pasado y parece querer encabezar la avanzada conservadora. En el artículo 4, el texto del proyecto indica: “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. Esta norma choca frontalmente contra el Art. 86 del Código Penal que establece que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor”, lo cual fue ratificado por el fallo FAL, dictado por la Corte Suprema en 2012.

El peronista Marcelo Caponio, legislador que impulsa la medida, dijo que “no va en contra de ningún artículo” y expresó que se está avanzando “para que no quede en una cuestión declamativa sino que el Estado esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”. Además, según el propio Caponio, el texto se inspira “en la legislación próvida más avanzada, que es la ley 6/2009 de la Generalitat de Valencia”. Lo que no dijo, es que esa ley fue derogada por inconstitucional.

Además, en su artículo 7, el proyecto antiderechos que pretende retrotraer a Tucumán a la Edad Media, considera que debe ser considerada “violencia contra la mujer toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto.

El contragolpe de “Las Sororas + Lipovetzky”

Mientras en Tucumán quieren borrar derechos, Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para evitar que los grupos antiderechos hagan maniobras para impedir abortos no punibles. El proyecto prevé “prisión de tres meses a un año a quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas”. Además, la pena se elevará de uno a tres años si las acciones “tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo”.