“Los usuarios crecieron 0,9% y la ganancia empresaria un 500%”

Durante la primera de las dos audiencias públicas (mañana será la segunda para tratar el precio del gas en boca de pozo) realizadas en Feriar, el representante legal de Ciudadanos contra el Tarifazo, Horacio Viqueira, precisó los puntos de la gran estafa que se viene llevando a cabo con los aumentos del gas autorizados por el gobierno nacional a través del ministerio de Energía: ganancias empresarias fabulosas, pobrísimo crecimiento de la canitdad de usuarios residenciales, e incompatibilidad de los funcionarios del Enargas por su reciente pasado en empresas del sector.

Si se cuenta el aumento del 30% aplicado en abril de este año que llegaron con las factuas de octubre y noviembre, y se suman el 40% que comenzará a regir a partir del próximo 1 de diciembre y el otro 30% en abril del 2018, el precio de la distribución del gas habrá acumulado en un año un incremento del 100%, sin contar los aumentos semestrales en el cargo fijo, que ahora será del 14,5%.

En su exposición, que compartió con Al Revés, Viqueira denunció la “falta de razonabilidad de las tarifas en general y en particular la tarifa de la distribuidora (En el caso de Córdoba Ecogas), exorbitante en relación al servicio que se presta, porque no hubo mejoras en el servicio, las inversiones son inferiores a las del año 2016, hay menor volumen de venta y una rentabilidad fabulosa para un crecimiento de clientes que apenas llega al 0,9%”.

“No se hicieron modificaciones en las redes de distribución, y frente a un volúmen vendido que fue menor al de 2016, la rentabilidad de la empresa Ecogas aumentó un 500%, no tiene razonabilidad alguna”.

Horacio Viqueira, representante legal de Ciudadanos contra el Tarifazo

Fuera de la ley

La actualización/indexación del 14,5% que se suma a los aumentos ya aprobados por el Ministeiro de Energía “es violatoria de la legislación vigente”, advirtió Viqueira. La Corte Suprema de Justicia señaló que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria “significaría traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales 23.928 y 25.561 mediante la prohibición genérica de la indexación”.

Además, la Corte fijó una rentabilidad razonable, garantizando el mínimo costo para los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento. La evolución de esa rentabilidad habla por sí misma: $78.495 millones de pesos en 2014, $ 18.408 millones en 2015, $69.000 millones en 2016 y 353,9 millones hasta septiembre de 2017.

El abogado advirtió que “esta rentabilidad extraordinaria crecerá aún más cuando se pongan en vigencia los aumentos del 40% y30% y la indexación del 14,5% extra, que encima el gobierno aceptó que sea semestral, cuando los contratos decían que no se podían ajustar en 5 años”.

“Los precios fijados en beneficio de las distribuidoras son superiores a los de los años 90 en un 30%, aumentos que están por encima del incremento de ingresos de trabajadores, jubilados, sectores medios”.

Horacio Viqueira, representante legal de Ciudadanos contra el Tarifazo.

De los dos lados del mostrador

Otra violación a la ley es la conformación del nuevo directorio del Enargas, integrado ahora por miembros que provienen de empresas gasíferas, un sello identitario del gobierno macrista: “Como vicepresidente a cargo de la presidencia se nombró a Daniel Alberto Perrone, un ex ejecutivo de Transportadora Gas del Sur que venía desempeñándose como subinterventor del organismo desde enero del año pasado. Además, el gobierno nombró como primer vocal a Carlos Alberto María Casares, gerente de ventas de gas de Tecpetrol, la petrolera de Techint”, denunció Viqueira.

“La Ley 24076 establece en su artículo 56 que los miembros del Directorio no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas de consumidores que contraten directamente con el productor, de productores, de acondicionamiento, de transporte, de comercialización. El Enargas no está cumpliendo el artículo 2 de esta ley, porque no protege al usuario, ni está garantizando el acceso al servicio público. Solo le interesa garantizar mediante reiterados tarifazos la rentabilidad de las empresas”.

A horas de la segunda audiencia para definir el nuevo precio del gas en boca de pozo, Viqueira pidió al ministro Aranguren y al Enargas que “no se trata de convocar formalmente a audiencia publica, sino de cumplir la ley. Los derechos y capacidad de pago de los usuarios están establecidos por la Constitución Nacional y las leyes que regulan la actividad y de proteccion de usuarios”.