Macri, garrote y barrote

Más allá de la debacle económica, el gobierno de Mauricio Macri dejará otros números que son una muestra del tono y el perfil que tuvo su gestión. El “Informe sobre criminalización de la protesta social en Argentina (2016-2018)”, realizado por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, señala que en solo 1.095 días hubo 1.452 personas detenidas por participar de protestas sociales.

El promedio da más de un detenido o detenida por día durante la gestión de Macri.

“La represión y criminalización de la protesta social constituyeron un dato distintivo de la política implementada por el Gobierno de Mauricio Macri. En efecto, la utilización de las fuerzas de seguridad y el aparato represivo fue desde sus inicios una de las herramientas de respuesta estatal al conflicto social y un mecanismo necesario para imponer políticas sociales y económica de corte regresivo”, expresa el documento.

Esto último es fundamental para entender el modelo actual. El empobrecimiento generado por el programa económico no está desligado de la política represiva sino que son complementos necesarios. “La represión física, las detenciones de manifestantes y la apertura de causas penales en el marco de conflictos sociales fueron asumidas como deseables y avaladas por las más altas autoridades del Estado”, agrega el informe. Este concepto tiene a Patricia Bullrich como cara visible, quien transformó esta lógica –condensada en su ‘doctrina Chocobar’- “como un fin deseable de la política pública a la par que se intentó transformar a quienes se manifestaban en enemigos que debían ser combatidos”.

Políticas públicas generadoras de pobreza, luego represión y, por último, judicialización. Y de manera transversal a estos tres ejes la construcción simbólica de enemigos internos: sindicatos, organizaciones sociales, pueblos originarios, opositores en general, etc.

Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se registraron al menos 538 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (44 % del total), seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (33 %) y la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (23 %).

Los números de este informe se suman a los que provee Correpi, que señaló en su último informe que una persona muere cada 21 horas a manos de las fuerzas de seguridad en nuestro país. El índice es muchísimo peor que en 2015, cuando asumió Macri.