Marche preso
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ordenó la detención de Carles Puigdemont y los cuatro consejeros catalanes que se refugiaron en Bélgica y no respondieron a su citación por los delitos vinculados al proyecto de soberanía. La Fiscalía Federal belga respondió que no se opondría a la posible extradición del presidente de la Generalitat.
jueves, 2-noviembre-2017
Puigdemont y Rajoy sostienen un diálogo de sordos que pone a España y Europa en una crisis inédita.
El conflicto entre España y Cataluña se pone cada vez más denso, porque los líderes independentistas no declararon en la causa por “rebelión, sedición y malversación” y Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) podrían ser detenidos hoy mismo por negarse a comparecer ante la Audiencia Nacional de España.
Después de que se desestimara el pedido del abogado de Puigdemont para declarar vía teleconferencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió la detención por escrito de todos los funcionarios. Ante la falta de respuesta verbal y escrita de los acusados, el fiscal solicitó “que se ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de España ordenó hoy la vigilancia policial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros diputados regionales hasta que declaren, el 9 de noviembre próximo, después de suspender las comparecencias, previstas para hoy y mañana, y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán.
La decisión final sobre el destino de Puigdemont y del resto de los acusados estará a cargo de la juez Carmen Lamela, quien podría tomarse un plazo de entre 10 y 60 días para comunicarla, dependiendo de si el afectado acepta o no su entrega en Bélgica. En caso de que se aplique la orden, se simplificará y acelerará la extradición de Puigdemont y de sus asesores gracias a que estos dos países son miembros de la Unión Europea (UE), siendo Bégica el lugar donde se dirima si los cinco ex miembros del Govern deben ingresar en prisión hasta que se resuelva la orden de entrega o si quedan en libertad hasta la resolución, que como máximo podrá tardar dos meses.