Más ajuste a los ajustados

El gobierno está pagando casi 180 mil pensiones a la invalidez menos de las que debería pagar, y congeló las becas Progresar para estudiantes de bajos recursos en los montos de 2018, pese a la inflación del 47,6%. Además, este año los requisitos para cobrar los $1.250 mensuales serán más excluyentes.

 martes, 12-febrero-2019

Intentaron una reducción por decreto, pero los amparos judiciales se lo impidió. Lo están haciendo lo mismo.


Para llegar al recorte de 300 mil millones de pesos comprometido con el FMI, el gobierno nacional dejó de pagar millares de pensiones por invalidez y congeló las becas Progresar que reciben los estudiantes, entre otras cosas. La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, dio de baja 127 mil pensiones por invalidez en tres años, y a otras 51 mil que están en trámite, las mantiene sin resolución. Unos 178 mil beneficiarios no está cobrando, y la “revisión” de casos planteada para este año agregaría mucho más bajas. El año pasado, un fallo judicial obligó al Gobierno a retrotraer su plan de ajuste en las pensiones, pero evidentemente el “déficit cero” impondrá su lógica.

En cuanto a las becas Progresar, el gobierno abrió la inscripción a partir del 1 de marzo (solo por un mes) pero el monto de la ayuda será el mismo que en 2018, pese a la inflación del año pasado llegó al 47,6%. Las becas Progresar fueron creadas por el gobierno anterior para ayudar a estudiantes de bajos recursos a comenzar los estudios o finalizar una carrera, y alcanza tanto a alumnos de nivel superior y universitario como a chicos del secundario.

Según la Resolución 7/2019 del Ministerio de Educación, el piso de la beca este año se mantiene en $1250 pesos, con un máximo de $4900 para los alumnos que estén por finalizar carreras “estratégicas”. Mientras, las fotocopias aumentaron el 50% y en Córdoba los estudiantes las pagan un $1,50, si las hacen en cantidad, y tres o cuatro pesos si no son muchas.

Además, este año impactará la disposición del año pasado de quitar la beca a los estudiantes secundarios que hayan repetido el año, y también a los alumnos de nivel terciario o universitario que no hayan aprobado el 50% de las materias del programa de estudio para el año. En 2017, el programa pasó de tener más de un millón de beneficiarios en todo el país, a incluir a sólo 560 mil estudiantes en 2018.