Muchas Thelmas, pocos recursos

Las denuncias por delitos sexuales se triplicaron desde que la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas se trasladó al Polo de la Mujer. Sin embargo, el equipo interdisciplinario de 14 profesionales no da abasto para atender la demanda y reclaman al gobierno provincial estabilidad laboral y aumento de personal. Lo mismo pasa en las Unidades Judiciales especializadas que comparten edificio y trabajo con el Ejecutivo. El empoderamiento de las mujeres y la posibilidad de contar con una herramienta institucional exige más recursos para una problemática que seguirá saliendo a la luz y requiriendo atención. El impacto del caso de Thelma Fardín.

 domingo, 16-diciembre-2018


Camilo Ratti

La conmoción provocada por la denuncia pública de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés multiplicó las miradas y la atención social sobre una práctica naturalizada en la sociedad patriarcal que hoy cruje en muchos sentidos: el ataque sexual contra las mujeres, fundamentalmente menores de edad. Sean abuso o violación.

Según cifras oficiales, el 80% de las víctimas tienen menos de 18 años. Y, de ese total, 1 de cada 4 casos afecta a niñas, en tanto que 1 de cada 9 a varones. Por razones cuantitativas y transformaciones culturales, la violencia sexual hacia las mujeres copa la parada. En los medios, en las redes, en reuniones de todo tipo.

El empoderamiento de éstas a partir de un movimiento feminista que pone en crisis conductas machistas, la irrupción del abuso sexual en la agenda pública -de Argentina y buena parte del mundo occidental-, y la concreción de herramientas institucionales que posibilitan su abordaje, van destapando la olla.

La creación en Córdoba del Polo de la Mujer en Situación de Violencia en 2015 fue un paso en ese sentido, porque permitió centralizar y abordar los casos de manera integral. En el mismo edificio funcionan el Equipo de Atención Interdisciplinaria a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y dos unidades judiciales: una de Violencia Familiar y la otra Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual.

Sin embargo, tanto el equipo que depende el poder Ejecutivo como las unidades que lo hacen bajo la orgánica del Judicial, están colapsados. El caso Fardín no hizo más que potenciar un reclamo de quienes desempeñan su trabajo en ambas oficinas. Según información a la que accedió este portal, las denuncias por delitos contra la integridad sexual -que incluyen casos de abuso como de violación- se triplicaron en los últimos tres años, cuando el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual (DIS) se trasladó al Polo en marzo del 2016.

estadisticas delitos sexuales.

En el 80% de los casos las situaciones se producen en el ámbito intrafamiliar.

Integrado por 3 trabajadoras sociales, 2 abogadas y 9 psicólogas, este grupo de 14 mujeres atendió 7 mil consultas en 2017. No todas son denuncias, muchos son pedidos de atención y acompañamiento a quienes son víctimas de ataques sexuales. Intervenciones que van desde tratamientos psicológicos y asesoramiento legal, hasta ayudas económicas a las familias para que no tengan que volver al hogar del abusador o violador. Esto último es clave, ya que las estadísticas muestran que el 80% de los ataques se produce en el ámbito intrafamiliar, donde el principal victimario es el padre biológico y en segundo término el padrastro.

La asistencia estatal permite a las mujeres -hijas, esposas, o ambas a la vez-, no tener que compartir vivienda con quien ha sido el autor de un abuso o una violación. Por lo menos hasta que la justicia así lo compruebe en un juicio, si es que se llega a esa instancia.

Estado crítico

“Siempre que hay un caso mediático se produce un crecimiento de la demanda”, confirma a Al Revés Ana Morillo, trabajadora social de un centro de salud municipal, que ha acompañado a muchas mujeres a realizar denuncias al Polo. “Ayuda muchísimo lo que hizo el Colectivo de Actrices Argentinas, porque anima a las mujeres. El crecimiento del movimiento feminista viene siendo clave también, porque las mujeres se sienten acompañadas, hay una afuera que contiene”.

Este aumento de denuncias y la necesidad de acompañamiento, no se tradujo en un crecimiento de personal en el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual. Antes de llegar al nuevo edificio de Entre Ríos y Boulevar Perón, el DIS estaba integrado por 15 profesionales y en la actualidad son 14, ya que una abogada renunció y su vacante no fue cubierta. Además, se producen licencias por maternidad y embarazo, por lo que la dotación no siempre está completa.

Esta información fue confirmada desde el Colegio de Profesionales de Servicio Social, contratado por el gobierno para supervisar el desempeño del DIS.

colapso estatal por el aumento de denuncias.

El estado en todos sus niveles deberá aumentar los recursos para abordar una problemática que cada día toma más visibilidad.

“No estamos preparadas para recibir la demanda que hoy existe, la situación del equipo es crítica”, confiesan varias de las integrantes de un cuerpo profesional muy formado y comprometido con su trabajo, que acumula más de diez años de experiencia en la temática. No obstante, las mismas trabajadoras del DIS resaltan “lo valioso de tener un ámbito para denunciar lo que les pasa a las mujeres, alejado de los lugares donde conviven con el abusador o violador. La creación del Polo fue una decisión acertada del gobierno, porque las víctimas lo sienten como un lugar propio”.

Las fuentes consultadas advierten que la demanda es tan intensa que a veces no pueden hacer el seguimiento de los casos, o no de la manera que las situaciones exigen por falta de recursos. Un dato es ilustrativo de la necesidad de más personal: este año hubo un pico de carpetas médicas personales, por razones médicas de las trabajadoras del DIS.

Las urgencias son cotidianas y los delitos sexuales una constante. “Las ayudas y becas para las mujeres y sus familias han mejorado muchísimo desde que está el Polo, y se ha incrementado el personal en violencia familiar, pero no en el equipo que interviene en casos de delitos sexuales”, indican desde el Colegio de trabajadores sociales.

En un contexto de ajuste de todas las áreas estatales, las trabajadoras del DIS vienen reclamando al gobierno provincial el pase a planta luego de más de una década como contratadas. El crecimiento de la demanda llevó a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -del cual depende la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas- haya habilitado una mesa de diálogo, a los fines de resolver su reclamo y el de las trabajadoras monotributistas que cumplen otras funciones en el Polo. En una asamblea abierta, explicaron que desde febrero su salario es de 15.988 pesos, menos que el Índice de Pobreza que marca el INDEC y organizaciones privadas.

Colapso judicial

Cuando los delitos sexuales se traducen en una denuncia penal, interviene la Unida Especializada Contra la Integridad Sexual, dependientes del Ministerio Público Fiscal. Ubicada físicamente en el Polo de la Mujer por un acuerdo estratégico entre el Poder Ejecutivos y el Judicial, en esta oficina comienza el camino de la víctima para obtener justicia.

“Somos empleados y empleadas judiciales, receptamos hechos delictivos y pruebas, la primera parte de la investigación penal. Nuestro trabajo les permite a las fiscalías sostener la acusación en un posible juicio”, explica a este portal Flavia Pieroni, que se desempeña en la Unidad Judicial de Violencia Familiar, también ubicada en el primer piso del Polo de la Mujer.

La entrevistada confirma el crecimiento de las denuncias, aunque el personal no acompañe la demanda. “Las médicas y psicólogas forenses que tienen que atender o constatar un abuso sexual o una violación, con el tiempo que eso lleva, están atestadas de trabajo, porque también atienden casos de violencia familiar. Esto complica la tarea de quienes realizan las pericias que luego son claves en la instrucción del caso”, dice.

thelma fardin en conferencia con las actrices argentinas.

La denuncia pública de Thelma Fardín contra Juan Darthes generó un terremoto en la sociedad argentina.

El gremio de judiciales viene denunciando ante el Tribunal Superior de Justicia esta situación desde el año pasado. La secretaría de Prensa confirmó a este portal que el día de la denuncia pública de Thelma Fardín, la unidad judicial especializada tuvo el doble de denuncias que habitualmente reciben: “Cuando lo normal son 6 denuncias, ese día hubo 17 y los teléfonos de las fiscalías no paraban de sonar”.

Para poder atender las denuncias que se dispararon después del caso que sacudió no sólo al mundo del espectáculo, tuvieron que convocar a sumariantes de otras dependencias. “Las dos unidades de violencia familiar están colapsadas, pero las médicas que trabajan en delitos sexuales, con una mano hacen la revisación y con la otra toman las fotos”, remarcan desde el gremio.

“Hay recortes, falta gente, trabajamos las 24 horas del día todos los días del año, tanto para casos de delitos sexuales como de otro tipo de violencias familiares. La cantidad de trabajo es enorme, porque las unidades judiciales están ubicadas estratégicamente por toda la ciudad y las denuncias que se toman ahí luego se derivan al Polo”, completa Pieroni.

El tsunami mediático del caso Fardín-Darthés puso en evidencia el tijeretazo que baja de la Nación hacia las Provincias, y del Ejecutivo al Judicial. “Efectivamente, después de eso aumentaron enormemente las denuncias de abusos sexuales. No pasó lo mismo en violencia familiar, pero sí en delitos de integridad sexual. La connotación de la chica animó a muchas. Es un empuje”, destaca Pieroni.

A puro coraje, asumiendo muchas veces el riesgo de su propia vida, las mujeres vienen pateando el tablero, sacudiendo conciencias, modificando hábitos y prácticas institucionales. Es tiempo que el Estado esté a altura de un cambio cultural irreversible.