Mucho que ocultar

La jueza federal María Servini requirió los teléfonos de Mauricio Macri y de varios de sus funcionarios y asesores para verificar el entrecruzamiento de llamadas entre enero de 2016 y agosto de 2019, pero el ex presidente se negó a entregarlo y pidió que no lo citen a declarar en Comodoro Py. El ex presidente está siendo investigado por la causa en la que está denunciado por presiones y extorsión al Grupo Indalo durante su gestión.

“Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”, alegó Macri en un texto presentado ante la justicia y en el que nombra como representante legal a Pablo Lanusse. La jueza federal ordenó el 6 de julio pasado que se realicen una serie de medidas probatorias con el entrecruzamiento de contactos telefónicos entre Macri, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados, para detectar las comunicaciones establecidas y corroborar las presiones denunciadas en las declaraciones de Cristóbal López y Fabián de Sousa, por entonces titulares de Indalo.

Pero Macri, el que hizo campaña con la transparencia y la defensa de las instituciones, no quiere obedecer a lo requerido por la justicia federal y dice que la medida dispuesta por la jueza “precisa de una urgente e imperiosa fulminación por la ALzada”, es decir, que sea anulada por la Cámara Federal porteña, debido a que podría generarle “prejuicios irreparables” porque se estaría violando “su intimidad privada y familiar” que “se debe unir inescindiblemente” a su condición de ex presidente.

Además, Macri solicitó acceso a todo el expediente de la causa y su documentación reservada y pidió ser eximido de tener que presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Por su parte, Servini justificó el requerimiento de los celulares como medida probatoria sobre “todas las reuniones, como así también las comunicaciones” entre los imputados y que ya fueron denunciadas y “fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”.

Junto a los teléfonos de Macri, la jueza solicitó los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, para “realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados” y “sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes”, y realizar los entrecruzamientos necesarios con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.