Multar porque sí
Agentes de la Policía Caminera de Córdoba admitieron que la institución les exigía cometer irregularidades. Desde obligar a realizar un mínimo de 100 actas por día, hasta establecer puntos de control en lugares que no estaban permitidos. La grave revelación se dio en el marco del juicio por la muerte de la joven Soledad Correa que fue atropellada en el año 2013 por un camión luego de que la Caminera la detuviera en una zona prohibida en la ruta 8 para labrarle una multa injustificada. El año pasado la recaudación alcanzó alrededor de 650 millones de pesos.
miércoles, 4-marzo-2020
Mucho facturar, poco prevenir. Agentes de la Policía Caminera revelaron que son obligados a labrar cierta cantidad de multas por día
Si bien la Policía Caminera fue creada en el año 1992 durante el gobierno de Eduardo Angeloz, fue en el año 2008 que el gobernador Juan Schiaretti decidió jerarquizar esta División Especial de la Policía y elevarla al rango de Dirección General. Según el sitio oficial, la misión de la Policía Caminera es “cumplir tareas de seguridad en las rutas que atraviesan el territorio provincial”, entre ellas “la prevención de los siniestros viales”. Algo que pareciera quedar relegado al momento de facturar y recaudar.
Esta semana la “Caminera” volvió, una vez más, a estar cuestionada en su función. Ayer se conoció la absolución de los tres policías imputados por la muerte de Soledad Correa en el año 2013, quien fue embestida por un camión en la ruta 8 – en el tramo de Holmberg a Río Cuarto – luego de que los agentes de esta institución detuvieran a la joven cuando viajaba en moto. Según surgió de la investigación, hubo negligencia de parte de los policías que ubicaron el puesto de control en una zona prohibida por la ley – de curvas y contracurvas – en donde había sólo un cono de señalización, lo que generó que el conductor del camión se viera sorprendido y no lograra evitar el accidente. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, uno de los policías estaba labrando un acta a Soledad pese a que cumplía con las medidas de seguridad vial: llevaba casco y transitaba a la velocidad permitida.
Más allá del dolor y la impotencia por la resolución del Tribunal presidido por Emilio Andruet, el fiscal Daniel Miralles solicitó que se investigue la denuncia que realizaron algunos testigos en el transcurso del juicio, miembros de la Policía Caminera, quienes admitieron que les exigían realizar entre 80 y 100 multas por día en los controles sobre la ruta para no sufrir consecuencias como por ejemplo “quedarse más horas” de las convenidas en su puesto de trabajo. Además, refirieron que la ley no habilita la instalación de puestos de control en “curvas, pendientes, puentes” por la peligrosidad que conlleva. Tal como sucede con las detenciones arbitrarias de jóvenes provenientes de barrios humildes, el objetivo primordial reside en llegar a una cantidad o un número determinado de sanciones, haya o no existido infracción, genere o no accidentes.
Recaudar es la tarea
Según un artículo del diario Comercio y Justicia, durante los primeros siete meses del año pasado la Policía Caminera, a través de Kolector, recaudó alrededor de 650 millones de pesos, mientras que en el mismo período pero del 2018 el monto fue de 495 millones. Ahora el cobro está a cargo de las empresas Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión y Fiscalización SRL – ex Kolector – que buscará mayor efectividad entre el labrado de actas y la efectivización del pago. La facturación es la principal preocupación del gobierno provincial en un contexto económico complicado. La prevención de accidentes, “bien, gracias”.
En el año 2015, el actual concejal Juan Pablo Quinteros, que en ese momento estaba al frente del ERSEP en representación del Frente Cívico y Social, había solicitado información a la empresa Caminos de las Sierras acerca del accionar de la Policía Caminera a partir de numerosos reclamos de automovilistas, advirtiendo que los operativos tenían un “alto riesgo siniestral”.