Ni el 1 % pagará Ganancias

La Corte Suprema resolvió revocar una medida cautelar que impedía el cobro del Impuesto a las Ganancias a jueces y funcionarios judiciales que hayan ingresado después de 2016. Sin embargo, los que pagarán el tributo no llegan ni al 1 % de la planta.

 martes, 27-noviembre-2018

La Corte Suprema le volvió a abrir la puerta al cobro de Impuesto a las Ganancias a jueces. Eso sí: sólo al 0,6 % que entró después del 1º de enero de 2017.


El máximo tribunal decidió por unanimidad revocar la medida cautelar que había presentado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que eximía el pago del Impuesto a las Ganancias a todos aquellos integrantes del cuerpo judicial que hayan asumido en su cargo después del 1º de enero de 2017.

Sin embargo, serán pocos –al menos por ahora- los integrantes del Poder Judicial que deberán someterse al pago del impuesto. Hasta fines de julio, sólo un 0,6 % de los jueces estaban en el grupo de los que tributarían Ganancias.

Según la Corte Suprema, los fundamentos expresados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para dar lugar a la cautelar fueron “dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida ordenada”. Por otro lado, los ministros concluyeron que no existían razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que eximiera del cumplimiento del pago tributario a los alcanzados por la medida.

Además, el fallo indica que “los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamado a cumplir la ley cabalmente”. Vale preguntarse por qué motivo entonces sólo deben pagar los ingresados luego del 1º de enero de 2017.

Aunque la decisión fue unánime, Rosenkrantz y Highton de Nolasco añadieron una ampliación de fundamentos al final del texto que indica que comparten lo dicho anteriormente pero entendiendo que “ello no puede implicar negar ni limitar en modo alguno el derecho del que gozan los magistrados –al igual que todo ciudadano- de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos”. Es decir: pueden iniciar acciones legales para reclamar que no se afecte su salario, tal como pidió Rosenkrantz días atrás.