En nuestro país y según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat correspondientes al año pasado, existen alrededor de 2 millones de viviendas ociosas: un número similar al déficit habitacional. Con 9 millones de personas que alquilan, la concentración del mercado y la especulación inmobiliaria regulan el juego.

Meses atrás, el titular de la cartera, José Ferraresi, sugirió la idea de aplicar un “impuesto alto para quien posee un inmueble sin ocupar” como una manera de controlar el precio de los alquileres. En ese momento, puso como ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un distrito que expulsa a sus habitantes y que, según sus palabras, tiene una política de viviendas destinada solo a la clase alta. Sin embargo, tiempo después, pateó la pelota a cada jurisdicción.

Si bien es cierto que muchas veces se torna difícil identificar cuántas son las propiedades deshabitadas en una ciudad – el consumo eléctrico y el de agua son algunas de las referencias – lograr contabilizar el número de viviendas ociosas permitiría pensar en políticas públicas que regulen el sector y establezcan límites a los grandes propietarios. Incentivos fiscales o crediticios; castigos impositivos; expropiación y/o demolición de inmuebles son algunas de las medidas a las que recurrieron algunos países europeos.

Entre 1999 y el año 2007, Francia logró reducir la tasa de viviendas ociosas en un 13% promedio, aplicando un impuesto a aquellos inmuebles que durante más de dos años hayan permanecido vacíos. Reino Unido consiguió disminuir en un 30% el porcentaje de casas deshabitadas al combinar incentivos fiscales, penalizaciones y un gravamen a las propiedades vacías. En Dinamarca, hay multas cuando las viviendas llevan más de seis semanas desocupadas.

Otra de las estrategias a las que recurrieron países como España, Alemania, Suecia y Brasil es presionar para que la vivienda vacía se ponga “en uso” – facilitando créditos para mejorar/rehabilitar el inmueble – o bien decidir la expropiación/demolición con fines de utilidad social. Así, en Barcelona se lleva adelante una “expropiación de uso temporal” – sin quita de propiedad – de hasta 10 años para aquellas construcciones que hayan estado sin habitar/alquilar durante más de dos años.

Precisamente, en un territorio controlado y gobernado por el sector inmobiliario, el gran desafío es un Estado presente que regule la actividad. Mientras la actual gestión continúa apostando a la construcción de nuevas viviendas y programas sociales de acceso a las mismas, el precio de los alquileres ya registró un aumento superior al 60% en lo que va del año y el acceso a la casa propia ya se convirtió en una utopía.