No matarás

No puede celebrar misa, tomar confesiones ni administrar los sacramentos luego de la máxima pena que le impuso la Iglesia. La condena eclesiástica podría estar relacionada con la denuncia por abuso sexual a un menor en el 2016 – por la cual la Justicia lo absolvió tres años después – pero no: la dimisión del estado clerical se aplicó por tres delitos contemplados en el derecho canónico: “desobediencia pertinaz”, “ejercicio ilegítimo de una función sacerdotal” y “suscitar públicamente aversión y odio contra la Sede Apostólica o el Ordinario”.

Dueño del geriátrico San Luis Gonzaga ubicado en la localidad de Monte Comán – departamento San Rafael en Mendoza – el ex sacerdote Fernando Yáñez ahora está imputado por otro delito: “homicidio culposo”. En junio de este año, un brote de covid en el hogar de ancianos terminó con la vida de 15 personas, de las cuales al menos 13 murieron por contraer el virus. El detalle es que ninguna estaba vacunada a pesar de que el gobierno de la provincia comenzó a inmunizar a los adultos mayores residentes en geriátricos a fines de febrero.

La investigación judicial apunta a la demora en la inoculación y a la violación del protocolo sanitario que establece la internación obligatoria para casos confirmados o sospechosos en personas de riesgo. El religioso no habría conseguido en tiempo y en forma las autorizaciones de familiares para la aplicación de las dosis y, además, los ancianos fueron asistidos telefónicamente por una médica – dispensada por embarazo – que indicó tratamientos con concentradores de oxígeno y medicamentos en el mismo hogar.

En declaraciones a medios locales, Fernando Yáñez argumentó una confluencia de hechos: consiguieron las autorizaciones, justo llegaron las vacunas y ese día comenzó el brote en el geriátrico. Para continuar con su lavado de manos, culpó a la vacuna contra la gripe – de acuerdo a su testimonio – que había sido aplicada 15 días antes a los residentes. “En la investigación ocular le preguntamos si estaba vacunado. Dijo que no. Que era antivacunas”, aseguró Cristina Lattanzio, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Mendoza e integrante la agrupación Jubilados y Pensionados Autoconvocados.

Desde el organismo de DDHH hablaron de una “cadena de negligencias” en donde, además del ex sacerdote Fernando Yañez, la médica y la enfermera, existe responsabilidad política por los errores en el manejo oficial de las vacunas a residentes en el distrito sur de Mendoza. Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Javier Giaroli, informó que la investigación continúa: secuestraron historias clínicas, dispositivos electrónicos de Yáñez y documentación del geriátrico, a la vez que se les está tomando testimonio a los residentes que sobrevivieron al brote.