Mientras tanto, el sector empresarial recibe un tratamiento especial en la puja distributiva y sus intereses permanecen intactos. 

Intranquilizar la economía

Los intentos por controlar la inflación en Argentina no han tenido éxito.

Ni los congelamientos de precios, ni los cambios en las distintas áreas del Ministerio de Economía, ni los movimientos en el dólar paralelo repercutieron favorablemente en los bolsillos de las mayorías.

Muy por el contrario, el IPC sube mes a mes unos 5-7 puntos y acumuló una variación interanual del 78,5% en agosto.

Las proyecciones indican que la inflación de septiembre alcanzará otro 7% y que el año finalizará con un número cercano al 100%.

En diálogo con Al Revés, el economista Francisco Cantamutto consideró que la inflación no fue el eje central de las políticas económicas del gobierno del Frente de Todos.

Fue un objetivo que quedó subordinado a la recomposición de la sostenibilidad de la deuda

Es decir, lograr un acuerdo y una mejora en los plazos que despejen el horizonte y nos permita crecer para – recién allí – redistribuir.

“Nada de eso está ocurriendo porque no se tocan los intereses que promueven el proceso inflacionario”

Francisco Cantamutto, economista y Doctor en Ciencias Sociales

Pujar para repartir mejor

En lo que se conoce como la puja distributiva, son los trabajadores los que van perdiendo el partido.

La lucha por el reparto de la torta representa un factor importante en el fenómeno inflacionario de nuestro país.

Pablo Díaz Almada, economista de OTES, destacó la fortaleza de la clase trabajadora en nuestro país que casi siempre presenta batalla.

“Entonces aparece un constante aumento de los precios como respuesta del capital. Ante eso, empiezan las tratativas de las mejoras salariales que es la reacción de la clase trabajadora”

Pablo Díaz González, economista de OTES

Si bien existen otras causas que también impactan en la disparada de los precios, el núcleo central parece ubicarse en esa brutal transferencia de ingresos de las mayorías a una minoría.

Hasta ahora, no hubo un cambio drástico en la política económica general que ponga fin al tratamiento especial que recibe el sector empresarial en la pelea por la distribución de la riqueza.