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“No podemos dejar estos tres servicios sin la mirada estratégica del Estado”

Sergio Salinas Porto, presidente la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, brindó detalles acerca del proyecto que elaboraron junto a sectores políticos, sindicales y sociales en el que buscan que el Estado Nacional declare como servicio público esencial a Internet, la Telefonía Celular y la TV paga. Además buscan promover una ley que establezca una tarifa social y una relación simétrica entre las empresas minoristas y las mayoristas para garantizar una cobertura igualitaria en todo el país.

 Viernes, 17-julio-2020

Para Sergio Salinas Porto, las ganancias desorbitantes y las altas tarifas de las empresas de telecomunicaciones no se condicen con la falta de inversión y la no llegada de la cobertura a todos los rincones del país.


Durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, las empresas de telefonía celular, TV por cable e Internet formaron parte de los sectores que obtuvieron ganancias millonarias en detrimento de la calidad del servicio brindado y la poca inversión realizada en infraestructura para llegar a todo el país. Además de haber sido beneficiadas por Mauricio Macri con la fusión de Telecom – Cablevisión y por la “ley corta” que permitió el ingreso al “cuádruple play” a las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y Claro), en total alcanzaron dividendos superiores a los 87 millones de pesos en cuanto a servicios de Internet, más de 231 millones en lo que respecta a la Telefonía Celular y cifras por encima de los 98 millones de pesos en el negocio de la TV Paga en el año 2019, de acuerdo a datos publicados en el sitio Internet Esencial.

En diálogo con Al Revés, Sergio Salinas Porto, presidente de Internauta Argentina (Asociación Argentina de Usuarios de Internet), explicó detalles del proyecto que elaboraron junto a algunos sectores de la política, sindicatos y usuarios en el que buscan que el Estado declare como servicio público esencial Internet, la telefonía celular y la TV paga (satelital o por cable) en un contexto de crisis económica y de aislamiento social que aumenta la necesidad de contar con acceso a la conectividad. “No podemos dejar estos tres servicios sin la mirada estratégica del Estado”, sostuvo.

Partiendo de la idea de que “el acceso y permanencia en el sistema info-comunicacional es un derecho y no un privilegio”, el representante de FUILAC detalló que la iniciativa también persigue como objetivo la sanción de una ley que contemple tarifas sociales para jubilados y grupos vulnerables – con aporte de las compañías mediante la “responsabilidad social empresarial” – y la exigencia de una relación simétrica entre los oligopolios y las pymes/cooperativas, que son las encargadas de brindar el servicio en los barrios y/o localidades alejadas de las grandes urbes donde el negocio parece no ser “rentable” para Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro.

“Los ISP (proveedores de servicios de internet) fueron dando soluciones en las periferias pero con precios muy elevados, provocando un fuerte disvalor entre pobres y ricos”, comentó. En ese sentido, remarcó que el punto central es que el Estado tenga la facultad de intervenir en los precios que pagan los usuarios de estos servicios y así achicar la brecha y las desigualdades existentes. “El objetivo es lograr encaminar el proyecto en todo el arco político”, consideró. La propuesta ya cuenta con el apoyo de más de 60 organizaciones como el Frente Grande, Progresistas, PCR, Farco, Internauta, RNM, FUILAC, AATECO, y gremios regionales de la CTA, Sadop y Suteba, entre otros. “Necesitamos llegar a las 100 mil firmas”, agregó.

De acuerdo a datos del INDEC, el rubro telecomunicaciones fue uno de los que más aumentó durante el 2019: sufrió una suba del 63,9%.

Para conocer más sobre la iniciativa, ingresá aquí.