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No todos son iguales ante la ley

La difusión de lo que cobrará de jubilación el ex Fiscal General de la Provincia dejó al desnudo las situaciones de privilegio de jueces, camaristas y miembros del Tribunal Superior en relación al resto de los trabajadores del poder judicial, que perciben lo mismo que cualquier empleado público provincial. La legisladora Laura Vilches presentó un proyecto de ley de emergencia en contra de esta situación.

 Miércoles, 17-abril-2019


290 mil pesos a los 57 años de edad es lo que percibirá como jubilación el ex Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano. Esta situación dejó al desnudo la situación de privilegio que cobran funcionarios, magistrados, miembros del Tribunal Superior de Justicia y fiscales generales una vez que se jubilen.

Cifras muy superiores a lo que perciben los empleados del Poder Judicial, que se jubilan con el mismo régimen que el resto de los empleados públicos del Estado provincial. Además, el aporte de unos y otros es también desigual. Los empleados jerárquicos, funcionarios y magistrados aportan el 22% de su salario mientras están activo, pero por acordada se devuelven el 10. Lo que quiere decir que en realidad aportan el 12% para su jubilación y los hombres pueden acogerse a este régimen a los 60 años, antes que los empleados judiciales, que es a los 65.

Más desigual es aún el caso de los integrantes del TSJ y los fiscales generales, que con un mínimo de años de aportes pueden jubilarse sin importar la edad que tengan, como era el sistema antes de la presidencia de Carlos Menem. “Si el de los jueces y funcionarios es de privilegio, el de los integrantes del TSJ y fiscales generales es de recontra privilegio”, aseguraron a este portal desde el gremio de los judiciales.

Muy distinat es la situación del resto de los empleados del poder judicial, quienes aportan un 18% de su salario a la jubilación, lo que implica un esfuerzo mucho mayor. Ante esta desigualdad, la legisladora Laura Vilches, del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de ley de emergencia para suprimir los privilegios que contempla la ley 8024, que habilita que jueces y fiscales se jubilen a los 57 años y cobren haberes que multiplican en 22 veces la jubilación mínima de la provincia.

“Hemos presentado un proyecto de ley de emergencia para terminar inmediatamente con estos privilegios obscenos e igualando la jubilación de jueces y fiscales al del régimen general como cualquier trabajador estatal. Este beneficio es una muestra más de los lazos de privilegio con los cuales el régimen político y el poder judicial actúan con un solo puño en beneficio de empresarios y contra los trabajadores”, explicó la legisladora.

Para Vilches, “jueces y fiscales deben ser elegidos por el voto popular y ser revocables en sus cargos, de la misma manera que su salario debe ser similar al de un trabajador calificado o el de una maestra con 20 años de antigüedad”.