¿Nuevos méritos y obstáculos para la educación?

¿Hay nuevos méritos y obstáculos para acceder al derecho a la educación?

A diez años de la Declaración de la Educación Superior como un derecho, y frente al anuncio del gobierno nacional de convertir el Progresar en un programa de becas académicas cuando éstas ya existen, me pregunto: ¿Cuál era el sentido y el objetivo del Progresar, lanzado en el 2014 en la órbita de Anses, que ahora pasará a Educación?

En términos de políticas sociales, este programa tuvo una mirada integral y con perspectiva de derechos, que en términos etarios y de condiciones socioeconómicas fue una continuidad de la Asignación  Universal por Hijo (AUH), que amplió la cobertura de seguridad social a los jóvenes a partir de una intervención estatal que generó acciones que contrarrestaron situaciones de vulnerabilidad educativa, laboral, y que complementó otras políticas destinadas a niños y jóvenes a nivel nacional.

Como lo han señalado distintos organismos de la región, los jóvenes de 18 a 24 años integran la población que se encuentra en mayor desventaja para el mundo laboral y educativo. Por eso no fue casual el PROGRESAR, ni antes los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la mencionada AUH o el PPP en Córdoba. De hecho, en la propuesta de la ley de juventudes presentada en el 2015 al Congreso Nacional, se dio cuenta de programas y otras acciones dirigidas a este grupo poblacional con la idea de consolidar políticas públicas y agendas gubernamentales para mejorar el presente y el futuro de estos jóvenes, aunque lamentablemente esto quedó sin tratarse.

En los anuncios realizados el pasado martes 30 de enero por el Presidente Macri y el ministro de Educación, Alberto Finnochiaro, el gobierno presenta los cambios al PROGRESAR como una beca más, cuando Educación tiene becas universitarias destinadas a las carreras en general y a las determinadas como carreras prioritarias, que hasta el año pasado se denominaban Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y Programa Nacional de Becas del Bicentenario (PNBB), que fueron modificadas en una nueva línea llamada ArBec. Pero nada se dice, ni se especifica, sobre si todo se reconvertirá bajo el PROGRESAR macrista. Lo único que sabemos hasta el momento es lo que dijo el propio Presidente el martes 30 de enero: “Que esta iniciativa (refiriéndose el PROGRESAR) se convertirá en un verdadero programa de becas, porque hasta ahora no lo era”.

Otra pregunta son los nuevos requisitos académicos, ya que el gobierno anuncia que a partir de ahora habrá mayores exigencias de rendimiento y cursado en el caso de la universidad, cuando el PROGRESAR incluía mecanismos para que tanto las instituciones educativas como laborales (Ministerio de Educación y Trabajo) pudieran acreditar avances en los estudios y también para quienes hacían cursos de oficios u otras formaciones laborales. Quizás, deberían aclarar si esto pasa a constituirse en una nueva línea de becas de excelencia académica, y si serán solo para los que ya están estudiando.

En términos cuantitativos, de presupuestos,  la administración Macri ha realizado distintos recortes, de hecho el año pasado en el mismo PROGRESAR, justificados oficialmente por problemas “de sistema”, lo que impidió tener datos concretos de cuántas bajas o cortes en los beneficiarios finalmente se repararon.

En mi tesis de maestría “Universidad Pública e Inclusión”, abordé las políticas de la universidad y las trayectorias sociales- educativas de jóvenes de sectores populares que pudieron comenzar y terminar de estudiar en la universidad pública gracias a las políticas de becas, también a partir de otras acciones de inclusión social y educativa.

Algunos de esos datos permiten dimensionar cómo se tomaron medidas que posibilitaron que la educación pudiera ser un proyecto para más jóvenes de estos sectores más vulnerables, e inclusive para franjas medias que se encuentran en esa fina línea que depende de acciones estatales para ascender socialmente.

Retomo algunos datos significativos del periodo 2003-2015 partiendo de la modificación del porcentaje del PBI destinado a educación (Ley Nº 26.075 de financiamiento educativo aprobada en 2005)  que permitió pasar de un 2% del Producto Bruto a un 6.47%, lo que confirmó que el sistema educativo era una prioridad para el Estado. Esto implicó una clara evolución del gasto en educación, ciencia y tecnología: de 1.992 millones de pesos (el 0.5 % del PBI) en el 2003, se pasó a 42.117 millones de pesos (1% del PBI) en el 2015.

En cuanto al Programa de Becas Nacionales Universitarias (PNBU), dependientes del Ministerio de Educación nacional, en el año 2003 se contaba con un presupuesto de $6.815.000 de pesos, que alcanzaba para becar a 2.726 estudiantes en todo el país. En octubre de 2015 esa cifra ascendió  a $891.633.750 de pesos, que permitieron becar a 62.309 estudiantes, un crecimiento de becados de 2185,73%, y un incremento presupuestario de 12.983,40%!!! Este sideral aumento de becarios fue posible por la ampliación de las poblaciones sujeto de los programas.

Además, con el Programa  Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) se determinaron carreras prioritarias, como las ingenierías y enfermería, a las que se sumaron luego las Becas Estímulos (complementarias a PROGRESAR) que favorecieron el ingreso y la terminalidad de estas carreras. A mediados del 2015 estos últimos programas permitieron otorgar 41.300 becas en todo el país, que se sumaron a los 800 mil jóvenes que recibieron  el PROGRESAR.

Desde su constitución como Estado Nación, la Argentina le dio prioridad a la educación desde una mirada universal y pública, pensada como parte de un proyecto de país que nos ha llevado a discutir avances  y retrocesos en este sentido. Y desde el año 2008, el sistema público universitario tiene el desafío de garantizar la educación superior como un derecho. Sin embargo, con los últimos anuncios de Macri, más otros recortes vinculados a la educación pública, la ciencia y la tecnología, nos volvemos a enfrentar a nuevos retrocesos en el marco de la actual reconfiguración conservadora.

Los discursos que escuchamos en la voz del Presidente o sus principales funcionarios, nos llevan a pensar que ninguna de las medidas adoptadas apunta a mejorar las condiciones sociales, educativas y laborales de los jóvenes. Todo lo contrario, estos sectores, los más vulnerables según organismos nacionales e internacionales como la ONU, volverán a quedar despojados de programas que deben tener por objetivo la reinserción, la inclusión, la permanencia y contar con las condiciones necesarias para acceder a un trabajo digno.

Desde que fue lanzado, en 2014, muchos de los jóvenes que recibieron el PROGRESAR fueron los primeros en sus familias en terminar el secundario y luego continuar los estudios universitarios. Como parte de una política de seguridad social integral, incluyó a niños y jóvenes en los sistemas educativos y de trabajo, habilitando posibilidades y garantizando derechos. En función de estas discusiones y políticas, me pregunto: ¿Volverán los jóvenes a quedar atrapados en decisiones que los excluyen disimuladamente? Me gustaría equivocarme.