Para coimeros futuros
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Responsabilidad Empresaria de personas jurídicas, pero sin el artículo 37, que Cambiemos buscaba introducir para investigar hechos de corrupción anteriores vía la Procuración del Tesoro (que representa al Ejecutivo) en lugar del Ministerio Público Fiscal. En medio de chicanas de todo tipo, el caso Odebrecht no podrá ser incluido en la normativa que fue girada al Senado.
miércoles, 5-julio-2017
Los casos de corrupción que involucran a oficialismo y oposición atravesaron un debate caliente en Diputados.
Después de seis horas de debate, varios cuartos intermedios y acusaciones para todos los gustos entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados aprobó una ley para investigar casos de corrupción de empresas jurídicas (sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas) que excluye hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación de la misma.
Aunque Cambiemos intentó por todos los medios introducir el artículo 37, vinculado básicamente al caso Odebrecht, 131 votos negativos contra 87 afirmativos echaron por tierra las aspiraciones oficialistas, que inclusive pretendían hacerlo a través de la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Poder Ejecutivo) en lugar de la intervención del Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandra Gils Carbó .
Con Lilita al frente de la cruzada, los diputados del oficialismo no lograron la aprobación de una versión alternativa del artículo que propuso la socialista Alicia Ciciliani, que incorporaba la participación de la Sindicatura General de la Nación y la creación de una comisión bicameral para investigar la corrupción asociada a Odebrecht, pero el argumento reglamentario para votarlo no prosperó.
En la discusión del polémico artículo 37 hubo fuertes cruces y los miembros de la bancada oficialista, encabezados por Carrió y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, buscaron relacionar la discusión con el reciente pedido de un fiscal para detener al ex ministro y ahora diputado Julio De Vido. “Para recuperar lo robado es necesario esto”, sostuvo Carrió, mientras Sánchez argumentó que “hay cuatro causas penales que investigan a funcionarios del gobierno anterior por el pago de coimas a Odebrecht que hoy están ausentes”, en referencia a De Vido, que no estuvo presente en la sesión.
Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria-PJ, fue el encargado de recoger el guante: “Lo que quieren es negociar las 4 o 5 causas en la que está implicado el presidente Macri”, disparó. “No me va a correr con la corrupción Sánchez. Lo único que falta es que me corra él con la corrupción que se va a trabajar con (Gustavo) Lopetegui y (Mario) Quintana a la Jefatura de Gabinete”, apuntó, en referencia a dos hombres de íntima confianza del presidente y gran poder de decisión en el gobireno, ambos acusados por casos de corrupción.
Margarita Stolbizer (GEN-1Pais) coincidió con Graciela Camaño (FR) en que el acuerdo administrativo propuesto en el artículo 37 es inconstitucional y cuestionó al oficialismo: “Nos quieren mostrar que los únicos preocupados por la corrupción son ellos”. Guillermo Carmona (FPV-PJ) también expresó que ese artículo consagraba “una flagrante violación de la Constitución y del proceso penal” y resaltó que Cambiemos además estaba “blanqueando el accionar ilegal del ministro de Justicia (Germán) Garavano, que ya se juntó con los directivos de Odebrecht”.