Para los discapacitados, ni justicia
La jueza Camaratta dio curso a la presentación del gobierno nacional y otorgó una apelación con "efectos suspensivos", lo que impide la restitución de 100 mil pensiones por discapacidad o invalidez, que la misma magistrada había ordenado restituir de "manera inmediata" veinte días atrás, y que la ministra Carolina Stanley había prometido "revisar". Ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones.
miércoles, 13-septiembre-2017
Los recortes provocaron indignación y manifestaciones por parte de los damnificados.
El escándalo que provocó el recorte de 100 mil pensiones por invalidez por parte del Ministerio de Desarrollo Social sigue sin resolverse. Y aunque Carolina Stanley había prometido “revisarlas”, apeló la medida cautelar y el fallo judicial que ordenaba de manera inmediata la restitución de esos derechos, tanto sobre quienes habían sido perjudicados con la suspensión o eliminación.
La apelación de Stanley para evitar reponer los pagos se vio favorecida por lo dispuesto por la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, quien otorgó la apelación del gobierno con efecto “suspensivo”, con lo cual la cautelar que los damnificados habían presentado para que se les restituyeran los pagos, no se aplicará hasta tanto no falle la Cámara de Apelaciones.
“La apelación del gobierno es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”.
Comunicado de la Red de Personas con Discapacidad (REDI)
“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página/12 Varina Suleiman, la abogada de la Red de Personas con Discapacidad (REDI), en relación al fallo de Camaratta, el primero que había tenido alcance nacional.
“Esto nos deja sin tutela judicial efectiva y esperamos que llegue a la Cámara de manera urgente, porque se está dilatando el envío”, explicó Suleiman, quien agregó: “El efecto de la medida es el principal problema para los damnificados que, en su mayoría, son por casos de invalidez”.
Hasta el momento, Desarrollo Social había restablecido la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según cifras de la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.