Para prevenir violencias contra periodistas

El Cispren elaboró un Protocolo que tipifica y establece una guía de acción en caso de violencia contra trabajadoras de prensa en ámbitos laborales. La falta de oportunidades profesionales es considerada violencia, toda vez que sólo el 12% de las periodistas ocupa un cargo de decisión.

 miércoles, 26-diciembre-2018

El Protocolo contempla distintos tipos de violencia contra mujeres periodistas en ámbitos laborales.


Las periodistas y los medios de comunicación de Córdoba ya cuentan con un protocolo contra la violencia laboral de género de orden físico, sexual, psicológico, institucional o económico. El instrumento incorpora la figura de la “delegada de género” y prevé un espacio de consultas reservado en la sede del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren). Además, propone implementar licencias por violencia de género, como existe en el ámbito de la administración pública. Otra novedad es que se considera violencia la decisión de relegar a las mujeres a cobertura de temas estereotipados, como el clima o eventos culturales.

El “Protocolo de Prevención de violencia de Género para empresas periodísticas de la provincia de Córdoba” fue elaborado por la Secretaría de Género del Cispren, a cargo de la periodista Mónica Reviglio, a instancias del Ministerio de Trabajo de la Provincia, en el marco de la comisión tripartita que integran el gremio, el Ministerio y las empresasas de medios.

El instrumento tipifica los distintos tipos de violencia laboral de género que puden sufrir en su actividad las periodistas y trabajadoras de prensa y avanza en considerar a la falta de oportunidades profesionales y económicas como un tipo de violencia. No es arbitrario: según un estudio nacional de Fopea, el 71% de las periodistas consultadas tiene un jefe varón y sólo el 12% ocupa un cargo de decisión (dirección, gerencia o jefatura) dentro de los medios.

En cuanto al ámbito donde pueden producirse hechos de violencia, se incluye el medio interno, con violencias de superiores jerárquicos y/o pares, y el ámbito externo, con violencias de parte de entrevistados o personas vinculadas a la tarea periodística. El objetivo es visualizar la situación y dotar las trabajadoras de herramientas y procedimientos para actuar en cada caso.

“Luego de la violencia que sufrió la periodista Ivana Freitag, de Canal 10, en una nota con el Chaqueño Palavecino, el Ministerio de Trabajo nos instó a trabajar en el Protocolo, para lo cual nos basamos en la ley nacional 26485 de Violecia de Género, en protocolos internacionales y en el protocolo de la UNC”, explicó Reviglio, redactora del documento, al portal Al Revés. Freitag sufrió comentarios sexuales y acoso sexual por parte del mencionado folclorista, durante una nota en vivo. A partir de ese episodio se abrió un debate sobre cómo proceder, tanto la víctima como la empresa, cuando una trabajadora es violentada en el marco de su trabajo.

“Ya está puesto por escrito, ahora hay que llevarlo a cabo”, remarcó. La periodista consideró que en los medios masivos de Córdoba “hay situaciones de violencia de género oculta”. “Cuando salgan, van a salir todas juntas”, avizoró.

El Protocolo invita a cada empresa periodística, pública o privada, a adherir al instructivo. A partir de allí, se instala la obligación de abrir un sumario interno frente a la denuncia.

La figura de la delegada

Una de las novedades del Protoloco es la creación de la figura de la delegada de género, que integrará la Comisión de Género del Sindicato. “Su tarea será observar que el protocolo se cumpla, colaborar con la Empresa en las investigaciones correspondientes y será el primer contacto que tendrá quien se considere perjudicada por algunos de los tipos de violencia”, establece el Protocolo. No está claro si la delegada de género tendrá inmunidad gremial, como el delegado de base y el paritario.

Procedimietos

La guía indica que las víctimas de violencia de género podrán concurrir a un lugar separado, creado en el Cispren, para denunciar la situación de violencia con privacidad.

Asimismo, las víctimas podrán acudir a la Oficina de Asesoramiento y Registro de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. En cuanto a la eventual asistencia psicológica y jurídica, correrá por cuenta del Estado.