Paridad de armas, relatos de la viveza criolla y la política

Las sociedades democráticas se identifican, no sin alboroto y discrepancias, como aquellas que entienden el conflicto social como intrínseco a su propia existencia y desarrollo. Por eso las burguesías de siglo XVII y XVIII delinearon una fórmula de gobernanza que a grandes trazos hoy subsiste. El desmembramiento de los poderes soberanos del rey en poderes autónomos que se controlan mutuamente. El sufragio y la representación indirecta. Este esquema constitucional democrático y republicano cruje desde hace tiempo, no hay duda. Una y otra vez, el sistema representativo, por el cual los ciudadanos gobiernan única y exclusivamente por intermedio de sus representantes, se manifiesta como una fórmula que garantiza la continuidad de las políticas que dictan los poderosos amigos de la desigual distribución de la riqueza y el ejercicio de los derechos sociales. Así, se corre el riesgo cotidiano de que el sufragio se convierta en una herramienta sosa y meramente formal y la representación indirecta, en una trampa conservadora. Es por eso que la protesta y su manifestación organizada, la expresión de la ciudadanía en la calle, son los contrapesos democráticos a las derivas antipopulares de los poderes formales. No son los únicos, pero sí los imprescindibles.

Estamos en pandemia y claramente se ha restringido el derecho a salir para manifestarnos en la calle. Hacerlo ahora es un delito, como en el siglo XIX y comienzos del siglo XX . Sin embargo, el gobierno de la provincia y de la municipalidad eligen este momento para organizar junto a sus consejos deliberantes y legislaturas normas antipopulares. Desafían los límites democráticos provocando a la sociedad, ya que tras su fachada formal de deliberaciones, se realizan sin la posibilidad del contrapeso social, que son el derecho a la reunión, a manifestarse en la calle, y no únicamente los tribunales o whatsapp, como imaginan.

Es el aprovechamiento liso y llano de una situación de encierro de la población para ir contra ella. Los arquitectos de la política antipopular parecen no saben de equilibrios ni reglas de juego.

El recorte de la jornada y el sueldo de los empleados municipales es materia propia de la negociación colectiva, no de una ley municipal. ¿Hasta cuándo los poderes del estado se negarán a negociar colectivamente, derecho humano laboral colectivo de naturaleza universal declarada por la OIT en 1998?

La reforma peyorativa de la ley de jubilaciones es regresiva cuando Córdoba se ha obligado a tener políticas sociales basadas en el principio de progresividad. Tal vez en el fragor de la pandemia se hayan olvidado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica que integran nuestra constitución por su propio mandato.

Son normas regresivas, peyorativas y antipopulares, como tantas veces, emprendidas ahora con una descarada astucia provocativa al conjunto del pueblo aislado, que pone en juego el mismo entramado democrático que lo sostiene.