Piratas del Caribe

El hombre del poder financiero en un gobierno que expresa los intereses de ese sector económico no la tiene fácil: el escándalo de los Paradise Papers que involucra al ministro de Finanzas, Luis Caputo, llevó a que diputados del Frente para la Victoria-PJ lo denunciaran penalmente por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos, denuncia que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Carlos Rívolo.

El ministro de Finanzas está apuntado como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales, concretamente a cargo de la administración de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund, un fondo que el funcionario macrista manejó y que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.

Ninguno de esos fondos figura en la declaración jurada de Caputo, quien se defiende diciendo que no los incluyó porque no fue accionista, el mismo argumento que Macri utilizó para despegarse de los Panamá Papers. “Soy solo un asesor financiero” para “friends and family”.

Esta defensa de Caputo llevó a que los diputados Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel sospecharan que dicha omisión “podría haber sido utilizada para evitar que se investigara la posible participación accionaria del actual ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas” y “para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones”, en alusión a la participación del ministro en el pago a los fondos buitres el año pasado.

Los legisladores también quieren saber quiénes fueron las personas que colocaron su dinero en ese fondo de inversión offshore, para poder “realizar un entrecruzamiento entre aquellas personas y los nombres de quienes utilizaron el reciente blanqueo de capitales”, que a partir de un decreto de Macri permitió incluir a familiares de funcionarios.

Los legisladores solicitan también a la Oficina Anticorrupción las DDJJ presentadas por Caputo, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que trabajó en los Paradise Paperse que remita toda la documentación relacionada con el funcionario, además de exhortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán), con el objetivo de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades relacionadas con Caputo.