Por las buenas o por las malas

Ni bien asumió, el gobierno de Macri apuntó contra Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales que tienen por misión investigar a los funcionarios del Ejecutivo. Hasta intentó hacerlo por decreto y sectores de su alianza política le pusieron un freno a quien llegó al poder para mejorar la “calidad institucional”, aunque antes había intentado sin suerte nombrar a Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, dos de los actuales jueces de la Corte Suprema, por decreto.

Sin suerte en el Congreso, el apriete a Gils Carbó llega por parte de un sector del poder judicial que es afín a la estrategia oficial, y que se concretó con el procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini contra la procuradora, a quien acusa de ser coautora de “defraudación fraudulenta” por la compra del edificio donde funciona la Procuración.

El punto central de la causa es que la empresa Arfinsa le pagó una comisión de 7.700.000 de pesos a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento para la operación y ésta, a su vez, pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros que es medio hermano del por entonces subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi.

La defensa de Gils Carbó la encabeza León Arslanian, quien afirmó ayer que su clienta fue procesada por “un delito imaginario” y que “genera suspicacia” que se resolviera antes de las elecciones. “No nos sorprende porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando”, dijo uno de los jueces que en 1985 condenó a las Juntas Militares.

Arslanian resaltó que “produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública”. En este sentido, aclaró que “la compra de un inmueble para sede de su desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales, sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquella”.

“Que pida licencia”

Mientras la defensa de Gils Carbó anunció que “se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le exigió hoy a la procuradora general de la Nación que pida “licencia”. “Es un hecho muy grave que procesen a la procuradora y, por eso, debería pedir licencia ya mismo”, dijo a Radio 10. “Nosotros impulsamos una reforma, pero no se puede hacer con una procuradora cuestionada”, agregó el ministro, quien junto a Elisa Carrió son los principales operadores del gobierno para sacar a Gils Carbó del medio.