¿Por qué no protestar sin cobrar el boleto?

Es una de las preguntas recurrentes ante cada paro de transporte: ¿Por qué los choferes no protestan trabajando sin cobrar el boleto? La razón es que esa modalidad los pone en riesgo de ser denunciados penalmente (hay antecedentes, aunque con jurisprudencia favorable a los trabajadores). Por eso, se elaboró un proyecto que fue presentado el miércoles en el Concejo Deliberante y también en la Legislatura provincial. Una propuesta casi igual fue presentada hace dos años, pero no llegó ni siquiera a ser tratada.

El proyecto lleva la firma del legislador del Partido Obrero, Eduardo Salas, quien confirmó que desde el Concejo será impulsado por Victoria Flores -de Fuerza de la Gente- y por el Movimiento ADN, ya que el PO no tiene concejales. En caso de aprobarse en la Legislatura, se convertiría en una reglamentación que requeriría la adhesión posterior de las municipalidades.

El proyecto plantea reemplazar el Artículo 44 de la Ordenanza 12076 y disponer lo siguiente: “Para el caso de medidas de fuerza se dispone la modalidad de no cobro del boleto a los usuarios. Esa modalidad se implementará por medio de un botón cero pesos en el sistema operativo de cada unidad de trasporte, el cual será activado por el propio conductor en cualquier momento que se dé inicio a la medida de acción gremial”.

Por otra parte, también establece que la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros es “responsabilidad conjunta de la empresa concesionaria y de la Municipalidad de Córdoba”. Esto es importante porque la norma actual indica en este punto que la responsabilidad es “de todos los actores”, aunque en los hechos casi siempre el peso termina recayendo en el chofer que, como bien destacan los fundamentos, “no participa de las decisiones que hacen al sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) a nivel político, ni operativo; no participa de las ganancias que la explotación del TUP deja a las empresas concesionarias, no tiene incidencia en el control de las empresas, de su desarrollo operativo y financiero”.

Por último, el proyecto acompaña un antecedente judicial que avala la postura de los trabajadores. Se trata del caso de los choferes de la Línea 60 de Buenos Aires quienes fueron denunciados por una empresa que los acusaba de administración fraudulenta. La Justicia desestimó la acusación por inexistencia de delito y consideró que actuaron amparados en su derecho a huelga.