Precarizamos por Córdoba

A principios de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió la intendencia de la ciudad de Córdoba, comentó, en tono jocoso, que muchos le preguntaban si iba a declarar la emergencia económica. “Y si ya estamos en emergencia económica”, respondió de forma retórica y sonriendo irónicamente. Pese a que el intendente saliente, Ramón Mestre, negó hasta último momento que la Municipalidad no estaba “en rojo”, desde la actual gestión salieron con los tapones de punta a tomar medidas respecto de la “aparente” grave situación financiera del Palacio 6 de Julio. “Sólo a la AFIP se le deben 850 millones de pesos”, aseguró ayer el viceintendente Daniel Passerini en declaraciones radiales.

En este contexto, el viernes pasado se aprobó la ordenanza que establece la emergencia total de la ciudad – económica, financiera, administrativa y social – por un año, lo que implica una serie de disposiciones no tan simpáticas para los cordobeses y, mucho menos, para los trabajadores de la Municipalidad que parecen ser el chivo expiatorio de la gestión. En el texto de la normativa aprobada por la mayoría de los concejales oficialistas – que no contó en general con el apoyo de la oposición – se establece el reordenamiento, reestructuración, diferimiento y renegociación de los compromisos y obligaciones dinerarias contraídas al 10 de diciembre que tenga el municipio con personas jurídicas y personas humanas relativas a la provisión de obras, bienes y servicios. Lo que se traduce, por ejemplo, en la posibilidad del cese de contratos laborales con monotributistas, por ejemplo, una práctica laboral muy común durante estos últimos años en la Municipalidad de Córdoba.

Desde el SUOEM declararon el estado de alerta y denunciaron que la ordenanza pretende avanzar sobre derechos laborales y remunerativos de los trabajadores. En ese sentido, detallaron que en el artículo 17 del proyecto, se autoriza al Poder Ejecutivo a pagar “sumas no remunerativas”, lo que el sindicato entiende como “sueldos en negro”. Además, otra de los polémicos ítems tiene que ver con el inicio de un proceso “sospechoso” de retiros voluntarios, algo que ya los empleados municipales advierten derivará en la presentación de recursos de amparo en la Justicia. “Me parece que han exagerado la situación. En el proyecto de ordenanza no se explica por qué está en emergencia”, puntualizó Damian Bizzi del SUOEM.

Otro de los puntos conflictivos reside en la incertidumbre que revelan algunos contratados respecto de su continuidad, ya que para muchos la relación laboral concluía ayer – 30 de diciembre – y no habían recibido ninguna definición al respecto. “Se trata de personas vinculadas a distintas áreas de la repartición que se desempeñan desde el 2014 a la fecha, en la mayoría de los casos a cargo de importantes áreas y espacios”, explica un pronunciamiento de los trabajadorxs de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Como si esto fuera poco, el intendente Llaryora intenta implementar un programa de becas, pasantías y trabajo comunitario con el objetivo de reducir el famoso “gasto público” en desmedro de las condiciones dignas de contratación de un trabajador. “Es escandoloso lo que proponen”, aseguró Bizzi.

Según el viceintedente Daniel Passerini, “la emergencia es innegable” y aclaró que “sin la ayuda de la provincia” – Juan, el gringo – no podrían haber pagado los aguinaldos y sueldos de diciembre. “Vamos a trabajar con todos para llevar a la ciudad a la senda del progreso”, manifestó durante la campaña Martín Llaryora, abogado y diplomado – sorprendentemente– en Gestión Pública en la UCA. Gestión Pública que ya está siendo objeto de duras críticas. Ayer los trabajadores municipales realizaron un abrazo al edificio de la Municipalidad y no hubo atención ni acceso al público. El próximo jueves 2 de enero – como para iniciar el 2020 – tienen previsto realizar otra asamblea desde las 9:30 hs para ver cómo continúan su plan de lucha.