“Pretenden que vivamos enjaulados”

En la segunda parte de la nota, Roberto Lillo cuenta la respuesta de la justicia en su pelea con la Asociación Civil que cerró compulsivamente el barrio con un alambre perimetral, que dejó la mitad de su frente afuera. Además, el cerramiento implica pagar más caros los impuestos municipales y dos veces la prestación de los servicios de basura y alumbrado. Por si faltara algo, dejaron sin canchita de fútbol a los chicos de Barrio Don Bosco.

 viernes, 22-marzo-2019


Por Camilo Ratti

A pesar de tener todo en contra, Roberto Lillo y su familia no se resignan a vivir encerrados en su casa de barrio Los Aromas, de Valle Escondido. Llevaron a la justicia la decisión de un pequeño pero poderoso grupo de 5 vecinos, que decidió contra todas las ordenanzas y reglamentaciones municipales, cerrar con un alambre perimetral el barrio.

No lo hicieron solos, contaron en 2011 con la aprobación del entonces Secretario de Obras Privadas de la Municipalidad, Mariano De Juan, eyectado del gabinete mestrista por múltiples acusaciones de corrupción. El funcionario tenía fuertes vínculos con la urbanizadora Euromayor, responsable de la obra y hoy intervenida en la justicia por denuncias de estafas en la entrega de viviendas.

casa frente alambrado

La imagen muestra cómo el alambrado perimetral parte al medio el frente de la casa.

Con todos los argumentos legales a su favor, Lillo denunció el caso en la justicia, pero recibió una respuesta totalmente insatisfactoria. “La jueza Silvana Alejandra Castagno de Girolimetto, del juzgado de 1 instancia convocó a una audiencia con la gente de la Asociación Civil que administra el barrio, quien envió a su abogado. Y la solución que ofrecen es correr el alambre del frente de mi casa unos metros, para que sólo entre mi auto. Pero sin importarles que quedo dentro de una jaula”.

El denunciante resalta que después de varios reclamos suyos la Municipalidad le pidió a la administradora del barrio que haga otro trazado del cierre perimetral, “pero hasta hoy no lo han hecho”. No es el único caso el de Lillo: otro vecino que protestó por el cerramiento se cansó de pelear contra molinos de viento y vendió su casa y se mudó a un barrio abierto.

Buenos muchachos

Pablo Martin Cortez es uno de los integrantes de la Asociación Civil Aministración Los Aromas S.A. Su esposa trabaja en la Municipalidad de Córdoba y según cuenta Lillo, ambos son amigos de Lito Quintero, el operador de Mario Pereyra que pidió que cerraran el barrio.

Marcelo Bertotti fue el escribano que contrataron para certificar que Lillo violaba el perímetro del barrio al intentar salir por el portón de su casa. “Este señor está procesado por tener más de un sello en su escribanía y vender los mismos terrenos a más de un comprador”, denuncia Lillo, y agrega: “Su esposa abogada procesada por venta de autos gemelos”.

acta de la administradora

En el formulario que consta en el expediente de la Municipalidad, están las firmas de 5 vecinos pero ninguno integra la Asociación Civil que administra el barrio.

El negocio de alambrar

La decisión de alambrar el barrio no es sólo una cuestión de seguridad. Según Lillo, la Municipalidad de Córdoba “cobra muchísimo dinero a cada propietario por el permiso de cerramiento. Además, recategorizan los impuestos y los servicios, que dejan de prestarlos porque los debe proveer la administración. Los propietarios pagamos dos veces la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios verdes, de calles, de alumbrado”.

Las expensas también son carísimas. “Plantan 10 arbolitos y los cobran en las expensas como un bosque”, se queja el hombre.

canchita futbol

Inundados, al fondo se ven los arcos de fútbol que les sacaron a los chicos de barrio Don Bosco para llevarlos al barrio privado.

El colmo de la avaricia fue que al cerrar el barrio, los chicos de Don Bosco se quedaron sin canchita de fútbol, que tenía unos arcos muy lindos. “Ante el reclamo de los pibes, esta gente no sólo no devolvió los arcos, sino que los usó en un espacio verde frente a mi casa”.

Frente a semejante impunidad, cómo pretende el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz, que los ciudadanos confíen en una justicia que siempre falla a favor de los poderosos.