Procesamientos a la carta

No es ninguna novedad que el poder judicial en Argentina juega un rol político central, y que algunos de sus funcionarios no hacen ningún mérito para disimularlo. Al desafuero por su condición de legislador que pidió el fiscal Stornelli y al que se sumaron los diputados de Cambiemos y 1País, el juez Claudio Bonadío aportó lo suyo hoy y procesó a Julio De Vido, además de embargarlo por 1000 millones de pesos por la supuesta falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios al gasoil a empresas de colectivos .

El magistrado también procesó a los ex secretrarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes trabó embargos de hasta 900 millones de pesos.

“Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) sobre el fallo del juez.

Pero el ex ministro de Planificación kirchnerista no fue el único procesado el juez federal Luis Rodríguez hizo lo propio con Martín Sabbatella, ex titular de la AFSCA, a quien le imputa irregularidades en la entrega de subsidios a medios comunitarios entre 2013 y 2014 a partir de una denuncia del actual interventor del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) Miguel de Godoy.

La hiperactividad judicial se completó con la imputación de la primera candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, fue acusada por la asociación civil Ciudadanos Libres de haber ocultado sus antecedentes laborales al llenar un formulario de ingreso a la Cámara de Diputados, en calidad de asesora.