Progresar: un derecho menos

Hace apenas unas semanas veíamos azorados como miles y miles de jóvenes hacían cola para ingresar a la sociedad rural ante la promesa de algún trabajo. Muchos de ellos no estaban buscando su primer empleo, llegaban ahí luego de la pérdida de puestos logrados hacía algunos años. En las colas se identificaban también adultos, quienes habiendo golpeado muchas puertas, concurrían por si acaso les permitieran llenar algún formulario esperanzador. En los últimos 18 meses, la desocupación, la pobreza y la desigualdad aumentó de modo alarmante en nuestro país, y en este desesperante contexto, uno de los grupos más afectados es la población juvenil. Solo un dato basta para ilustrar la situación: el Indec informó la semana pasada que 8 de cada 10 jóvenes se encuentran desocupados o precarizados, son 3,2 millones de personas de un grupo de 4 millones. La desocupación los afecta en un 25%.

Ahora, a la ya larga lista de derechos conculcados por el gobierno de Cambiemos, se suma uno nuevo: la caída del PROGRESAR. Y como ocurrió con las pensiones por discapacidad y viudez, luego de que las críticas se multiplicaran, el Gobierno prometió dar marcha atrás, “revisando los eventuales errores”.

En enero del 2014, la por entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández, lanzaba este programa que venía a cubrir a una de las poblaciones más desatendidas por el estado argentino. El PROGRESAR fue creado para contribuir a que los jóvenes retomaran los estudios o no los abandonaran, en cualquiera de sus niveles, desde la primaria a la universidad, incluyendo el aprendizaje de oficios. Sus beneficiarios tienen entre 18 y 24 años edad, son desocupados o tienen ingresos por debajo de tres salarios mínimos o integran familias que viven con menos de 20 mil pesos al mes. El plan se paga a semestre vencido, es decir que el pago que se suspendió es el correspondiente a la cursada de fines del año pasado. El monto del programa no ha sido aumentado desde la asunción de Mauricio Macri, que el año pasado también generó una suspensión en los pagos, que se solucionó por la presión de los estudiantes y las universidades.

Argentina, con el PROGRESAR, sumado a la AUH, lideraba los países Latinoamericanos en cobertura a la población infanto-juvenil (de los 0 a los 24 años). Tanto el Progresar como el Proyecto de Ley Nacional de Juventud que el ejecutivo elevara en 2015 pretendían, por un lado, lograr la articulación interministerial y federal de las políticas destinadas a juventud (que hasta aquí mostraban niveles de dispersión, superposiciones y falta de perspectiva generacional); como también instituir un marco normativo integral que establecieran los derechos de los y las jóvenes, y las obligaciones del Estado. Esta ley nunca pasó de la cámara de diputados, y así el PROGRESAR quedó como un programa.

A diferencia de las reacciones que generaron otros recortes gubernamentales, salvo ocasiones excepcionales, los jóvenes beneficiarios del PROGRESAR no se han hecho oír aun, como sí lo han hecho, por ejemplo, los jóvenes científicos a quienes les disminuyeron o quitaron sus becas, los que recibían pensiones por discapacidad, o las mujeres jóvenes congregadas y amparadas en el seno de un movimiento social con mucha vitalidad. Lo que revela la soledad política, gremial y colectiva en que se encuentran.

La juventud sufre particulares vulnerabilidades y vulneraciones, son el sector más sensible al desempleo, pero no solo tienen dificultades para el ingreso al mercado de trabajo, también son quienes padecen las tasas más alta de la informalidad y precarización. La continuidad de los estudios en niveles medios y terciarios/universitarios expresan obstáculos para este grupo social, en particular los que pertenecen a los sectores populares.

También los medios masivos de comunicación construyen sobre las identidades juveniles la imagen del peligro, la apatía, la delincuencia, y los vuelven solo sujetos de política represivas. Las mujeres jóvenes quedan invisibilizadas, empujadas al ámbito doméstico y reconociéndoseles como casi único “problema” el embarazo adolescente, aunque luego la crianza y el trabajo doméstico familiar no se lo registre como actividad. De ahí la responsabilidad ineludible del Estado de generar políticas públicas que atiendan sus necesidades. Esto no debe ser visto como una concesión o un favor del Estado, sino como un derecho cuya vigencia debe estar asegurada. Mucho menos la propuesta estatal debiera ser “el festival del empleo”, llamando a cubrir puestos de trabajo como si se tratara de sorteos o premios.

La caída del PROGRESAR es un derecho más sobre el cual el Estado atenta. No es un favor, ni un beneficio, no es un premio, ni una ayuda, es un derecho: el derecho a contar con un mínimo aporte para poder continuar estudiando o formándose. Un derecho que tiende a generar condiciones de igualdad donde el mercado diferencia y segrega. Y cuando la Ministra de Desarrollo Social, el Ministro de Educación o el Presidente de la Nación hablan de revisión, o de errores, solo están concibiendo a los mismos como gastos, como favores, y lo hacen desde la duda y la sospecha; más aun desde el desprecio de clase, pues estas dudas encierran el supuesto de que quien recurre a un subsidio, un apoyo, un servicio estatal, lo hace por vivo, por vago o peor aun por oportunista. De allí que resulte necesario advertir sobre la reinstalación de discursos y prácticas ligados a la asistencia, la meritocracia y el control policial sobre la población. Por ello no solo se trata de defender la continuidad de una política, sino de un modo de pensar y hacer la democracia.