Promesas sobre el bidet para los inquilinos
Se terminan las sesiones ordinarias y, si no se aprueba en Diputados la nueva ley de alquileres, perderá estado parlamentario y a fojas cero. Macri se comprometió a impulsarla, pero se habría impuesto el lobby inmobiliario y de los desarrollistas. Hay ocho millones de argentinos en situación de alquiler.
lunes, 26-noviembre-2018
En Córdoba, hoy los inquilinos corren con todos los gastos: comisiones, expensas extraordinarias e impuestos. En CABA las comisiones inmobiliarias ya las pagan los propietarios.
Al borde de quedar en fojas cero con la nueva ley de Alquieres, los inquilinos del país convocaron a un “ruidazo” para reclamar lo que Mauricio Macri prometió hace dos meses: la sanción de la normativa que hace intervenir al Estado para equibrar la relación inquilino-intermediario-propietario, hasta ahora muy desventajosa para que el quiere alquilar. Pese a las promesas de Macri, el oficialismo cedió a las presiones de las inmobiliarias y desarrollistas y no incluyó este proyecto en el temario de Diputados.
El año parlamentario ordinario finaliza el viernes 30 de noviembre. El proyecto tiene media sanción del Senado y necesita aprobación de Diputados, donde ya cuenta con dictamen de comisión. La última sesión de la Cámara Baja será el martes 27. Si ese día no se lleva al recinto, la inicitiva perderá estado parlamentario, lo que significa que se deberá comenzar de cero.
El ruidazo para presionar por aprobación será hoy a las 20 horas en todo el país. En Córdoba la convocatoria es en el Patio Olmos.
“El momento de salir a la calle es ahora. El Congreso dilató los plazos hasta dejarnos en esta situación y el gobierno nacional no cumplió su promesa de avanzar con la ley antes de fin de año”, señaló un comunicado de Inquilinos Unidos Córdoba, la organización que brega por la sanción de ley. “Leyes como esta nunca salieron sin pelearlas en la calle primero. Ahora, más que nunca, es indispensable el compromiso de todos los inquilinos y las inquilinas del país”, agregó la ONG.
Se calcula que hay ocho millones de personas en situación de alquiler, número que seguramente depertó el interés de Macri para impulsar la sanción. Pero luego de que Diputados emitiera dictamen, comenzó un furioso lobby inmobiliaro que detuvo el proceso. Inmobiliarias y desarrollistas aseguran que si el Estado en el mercado de los alquileres, los inversores dejarán de insuflar propiedades para alquiler y los precios subirán. Otra posibilidad es que los diputados sean mayoritariamente alquiladores de propiedades y no quieran legislar en contra de sus propios intereses.
El argumento del equilibrio sano del mercado sin regulación es rebatido con experiencias de otros países. Incluso, en Buenos Aries rige una ley local por la cual los propietarios pagan la comisión inmobiliaria (y no los inquilinos, como en el resto del país) y no ha habido retiro de inmuebles para alquiler.