Que en la mesa haya algo más que diálogo
En una reunión con los movimientos sociales y otras organizaciones, el gobierno se comprometió a cumplir la plena implementación de la Ley de Emergencia Social, y dio marcha atrás con la negativa que había anunciado la semana pasada. Y si bien hay satisfacción de parte de los reclamantes, también cautela por incumplimientos anteriores.
viernes, 8-septiembre-2017
Las dos partes volvieron a reunirse y los movimientos sociales esperan que esta vez se cumplan los acuerdos.
Lo que se acordó en el Ministerio de Bienestar Social entre el gobierno y los movimientos sociales –monitoreado por representantes de la iglesia católica-, fue el cumplimiento de la Ley de Emergencia Social, que habría sido freezada por el Ejecutivo, y agregar otros puntos: el aguinaldo para cerca de 500 mil trabajadores inscriptos en programas de empleo social y consensuar antes de fin de año un proyecto sobre emergencia alimentaria.
Además de esos dos puntos, la cartera que conduce Carolina Stanley se comprometió a que “ingresen al monotributo social 200 mil trabajadores de la Economía Popular” según anunció Gildo Onorato, dirigente de la CTEP y Movimiento Evita, una de las organizaciones que había prometido volver a la calle si el gobierno seguía incumpliendo la ley firmada en diciembre del 2016.
Desde el Ejecutivo dieron su propia versión: “Se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley de emergencia social”, señaló la ministra del área a través de un comunicado.
“Los Movimientos Populares estamos en alerta y movilización atentos al cumplimiento de los puntos acordados, porque la situación social que vive el país no permite más ajuste sobre los sectores humildes ni sobre los trabajadores”, remarcó Onorato, quien participó junto Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, además de otros dirigentes. En tanto, Stanley estuvo acompañada por Mario Quintana, ministro coordinador de Jefatura de Gabinete, y Fernando Maletti, obispo de Merlo-Moreno, y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que ofició de garante del acuerdo.