Radiografía de una comunidad abandonada por el Estado

El 40% de las 405 personas expulsadas el 1 de junio del barrio Parque Esperanza de Juárez Celman son niños y adolescentes, integrantes de alguna de las 148 familias que desde hace dos años habitan el barrio comunitario, de las cuales el 26% está compuesta por cinco o siete miembros (familia numerosa) y el 65% tiene entre dos y cuatro co-residentes.

Abandonados por el Estado, el 72% de la población no cuenta con planes sociales, ni pensiones, ni otra prestaciones de protección social. Del 28% que sí accede, la población infantil es la de mayor cobertura (82,5%) mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ahora bien, entre los menores de 18 años, el 55% no tiene ningún tipo de cobertura. Sólo el 3% accede al Paicor, un nivel bajísimo teniendo en cuenta el alto nivel de escolarización en primaria y secundaria que tienen los chicos del grupo.

Los datos forman parte de una investigación de campo realizada por un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y presentada ayer ante 250 personas, de las cuales 200 fueron habitantes del barrio. El informe, titulado “Barrio Comunitario Parque Esperanza -Juárez Celman”, fue elaborado por Susana Andrada, Fany Balcazar, Rossana Crosetto, Silvina Cuella, Ana Elorza y Susana Morales el 2 y 3 de junio pasado a pedido de la cooparativa 12 de Junio, formada por los vecinos. La recolección de datos se hizo en la capilla de Juárez Celman, el refugio que encontraron las familias tras el desalojo, y donde muchas permanecen en condiciones de extrema precariedad.

A nivel laboral, aunque el 57% de la población es económicamente activa y trabaja, sólo el 11% tiene empleo registrado. El resto lo hace en ocupaciones informales, inestables y precarias como la construcción, talleres de costura, empleadas domésticas y en changas. Hay trabajo infantil en el 2,4% de los menores de 18. La mayor inserción en el trabajo remunerado (no necesariamente en blanco) es de los varones, lo que marca el predominio de la división sexual y social del trabajo dentro y fuera del hogar. El 54% del total de mujeres trabaja de manera remunerada fuera del hogar.

Joven, feminizada y con ocupaciones precarias: ese es el perfil social, de género y económico de la población del barrio que ayer escuchó emocionada el informe. El 86% no supera los 45 años y el 55% son mujeres. En cuanto a la inserción escolar, es alta para las dificultades de habitat y la precariedad en que viven desde junio: el 88% de los chicos en edad del secundario está en el sistema. En el grupo de 6 a los 11 años, hay un 6% de niños que no asiste a ningún establecimiento.

Lo material y lo simbólico

El déficit habitacional en Córdoba afecta al 48,4% de los hogares. El alquiler de una vivienda es imposible para muchísimas familias sin ingresos regulares ni suficientes y sin condiciones formales como garantías, recibo de sueldo, etc. En ese contexto, el 64% de los habitantes del barrio comunitario expresó residir allí desde hace más de dos años, y el 36% dijo tener una antigüedad de entre uno y dos años previo al desalojo.

Quienes construyeron sus viviendas en el predio desocupado de Juárez Celman -cuya titularidad es de una firma privada-, en un 48% tienen familiares y amistades territorialmente próximas. Estos vínculos, dice el informe, “constituyen soportes relacionales centrales para el desarrollo de actividades de la vida cotidiana”.

Cuando el 1 de junio se ejecutó la orden de desalojo de la Provincia y la Justicia ordinaria y la Policía quemó las viviendas a la vista de todos, a los vecinos se le sumaron nuevos perjuicios y malestares a las dificultades materiales ya existentes. El estudio de la FCS habla de las condiciones adversas en lo judicial y lo simbólico que atraviesan los integrantes del barrio comunitario, con “procesos judiciales por los cuales la mayoría de los habitantes están imputados” y “amenaza permanente de las fuerzas de seguridad”.

El informe confirma que se reforzó como factor discriminatorio “la configuración y reproducción de estigmatizaciones de los residentes como usurpadores”, por parte de las instituciones publicas locales y se agudizaron las críticas condiciones de vida que mantienen al no contar con acceso a servicios públicos como agua y electricidad, que se suman a las restricciones de ingreso de materiales para la construcción de las viviendas.

A tres meses de uno de los desalojos más violentos de la historia cordobesa, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia prometió licitar terrenos para recolalizar a los habitantes del barrio, pero no serían en la zona de Juárez Celman. Hasta el momento, no hay información clara al respecto y las autoridades no han mostrado papeles ni acuerdo por escrito que hagan presumir una pronta solución para estas 148 familias.