Rechazo internacional a bajar la edad de imputabilidad

Lo advirtió la sede argentina de Amnistía Internacional, sobre el proyecto del gobierno de que jóvenes de 15 años puedan ser penalmente responsables. “Representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”. La organización también cuestionó el uso de pistolas Taser y la criminalización de los inmigrantes.

 lunes, 14-enero-2019


“Representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”, dijo Mariela Belski, titular de la sede argentina de Amnistía Internacional en relación al proyecto macrista de bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, sin ninguna estadística oficial que justifique esa medida.

“El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, advirtió Belski.

“Hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”, señalaron desde Amnistía, al tiempo que cuestionaron otras medidas represivas anunciadas por el gobierno, como el uso de armas tipo Taser y la criminalización de los inmigrantes.

“El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, sino que por el contrario su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, aclaró Belski. Sobre las pistolas tipo Taser, Amnistía sostuvo que “se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas, que presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.

Otro de los puntos que preocupa a Amnistía tiene que ver con la asociación de la migración con la criminalidad, y por eso cuestionó las estadísticas “tergiversadas” de la ministra Bullrich: “A diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de 20 por ciento (del total de presos), sino que es de cerca del 6 por ciento, cifra que no se ha incrementado en los últimos años”.

En este sentido, la organización reclamó que el gobierno argentino promueva “la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”.