Rogelio, my friend

El ministro del Interior recibió en octubre del año pasado las constancias para iniciar una acción de lesividad que revoque la autorización que le permitió a Joe Lewis comprar tierras en Lago Escondido. Y Frigerio no hizo nada. Ese es el núcleo de la denuncia que lleva la firma del senador Pino Solanas, del ambientalista Enrique Viale y del abogado Alejandro Olmos Gaona. “Lewis logró desviar la atención para que se hablara de la servidumbre de paso al lago y no de lo esencial: cómo compró la propiedad”, consideró Gaona Olmos, quien realizó la investigación.

Según lo que explicó el abogado en Nada del Otro Mundo, la compra se gestionó en 1996 y, para evitar un decreto que prohíbe la compra de tierras en zona de frontera por parte de extranjeros, se hizo a través de una sociedad conformada por dos argentinos. Así se logró la autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Frontera. Sin embargo, un mes antes de concretarse la compra, esta sociedad ya se había transformado en empresas de capitales británicos (de Lewis). “Esto no se informó a la Comisión, aunque hay sospechas de que sabían e hicieron oídos sordos. Ahí Lewis compró 8.063 hectáreas y, meses después, 2.750 más. Ya directamente con capital británico”, relató Olmos Gaona.

En 2011, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició una acción legal, pero los responsables opusieron la prescripción de la acción penal, ya que habían transcurrido 15 años. Esa prescripción se firmó en marzo de este año. En ese marco, el procurador del Tesoro en ese momento, Carlos Balbín, envió un oficio en octubre de 2016 al Ministerio del Interior acompañado de todas las constancias sobre el fraude. “Lo insólito es que el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior emite un dictamen diciendo que sí, que ha sido una compra fraudulenta, pero que en ese momento iniciar una acción de lesividad hubiera significado una nulidad por la nulidad misma, y chau”, contó Olmos Gaona. “

”No es que la nulidad de esa concesión no sirva. Para impugnar la compra, es necesario primero dejar sin efecto esa autorización. Así, Lewis estaría ocupando una zona que no puede ocupar. Lo que prescribió es la acción penal. Acá lo que hay que hacer es una acción civil”, explicó el abogado. Es decir que desde octubre del año pasado, Rogelio Frigerio tiene en sus manos los elementos para hacer esto y no ha hecho nada, al igual que el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías: “Llama la atención que Balbín envió el oficio en octubre y le respondieron recién en marzo, cinco meses después. ¿Cómo es posible que el ministro, al procurador del Tesoro, con rango de ministro y abogado del Estado argentino, le responda cinco meses después?

En caso de que la autorización para la compra de tierras se revocara, el gobierno debería realizar una acción para impugnar la escritura o decirle a Lewis que tiene que vender la propiedad a argentinos. “Desde 1996 hasta el año pasado nadie dijo nada. Pasaron varios gobiernos y Lewis siguió disfrutando de un terreno que no podría tener”, cerró Olmos Gaona.