Saturadas

Córdoba, una de las provincias con índices más altos de femicidios en el país, cuenta desde el año 2016 con el Polo Integral de la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Según indican en su sitio oficial, el objetivo es “la apertura de un espacio físico” que integre las dependencias del Poder Ejecutivo relacionadas con problemáticas como “la violencia familiar, delitos contra la integridad sexual y trata de personas”. Además, busca promover “el desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las mujeres”. Hasta ahí, todo muy políticamente correcto.

Sin embargo, la situación que están atravesando desde hace varios meses las trabajadoras de esta institución es vergonzosa. Psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas conforman un equipo de 300 personas en toda la provincia que deben atender demandas urgentes, intentando cuidar y revalorizar los derechos de muchas mujeres y niños/as, pero soportando que sus propios derechos sean pisoteados. El jueves pasado marcharon hacia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reclamando el pase a planta de todas las contratadas y monotributistas, el reconocimiento del trabajo en riesgo psicosocial y la declaración de la emergencia salarial.

Todas precarizadas

Belén Valleto, representante de las trabajadoras del Polo, comentó a Al Revés que todas las profesionales padecen alguna situación de precariedad laboral. Quienes están en planta permanente, no tienen reconocido el riesgo psicosocial de la actividad y la necesaria rotación en la actividad. “Se recomienda que quienes trabajamos con temas de violencia, no lo hagamos por más de 5 años por los efectos que tiene sobre el psiquismo: se puede producir el Síndrome de Burnout y también enfermedades psicosomáticas”, señaló. Por otro lado, hay más de 30 trabajadoras que son monotributistas – algunas desde hace más de 10 años – que cobran apenas 15 mil pesos de salario neto, casi la mitad de lo que necesita una familia para no ser pobre de acuerdo a un informe de julio de este año del INDEC. También hay becarios/as que no tienen obra social ni aporte jubilatorio. Cobran tan sólo 7750 pesos y el último aumento lo tuvieron en octubre del año pasado. “No sé cómo hacen para llegar a trabajar con ese monto”, afirmó preocupada.

Mucha demanda, poca gente

Pero lo salarial no es el único punto a resolver. “No alcanza la cantidad de gente para atender la gran cantidad de demanda que existe”, aseguró la delegada. En el área de Asistencia de la Subsecretaría de Violencia Familiar y de Género hay 22 trabajadoras por la mañana y 12 por la tarde. Cada profesional se hace cargo de 120 mujeres por mes – 80 turnos programados y el resto son casos urgentes- en lo que es acompañamiento psicológico, seguimiento y asesoramiento. En muchas ocasiones, las mujeres y niños deben esperar más de 20 días para ser atendidos individualmente por algún miembro del equipo. Como dato relevante –y angustiante- Belén destacó que existe una sola profesional para asistir a los niños/as que ha sido víctimas de violencia familiar o de género, o niños/as que han sido víctimas del femicidio de sus madres.

Por otra parte, Belén indicó que el equipo de la Brigada de Protección de la Mujer está integrado por muy pocas personas – 4 profesionales en el turno mañana y una sola el fin de semana – que deben responder diariamente a 15 activaciones del botón antipánico y a un “intento de” o femicidio por semana. Algo similar sucede con las integrantes del área de Constatación que son quienes van a los territorios cuando se producen femicidios, por ejemplo, y realizan los informes que les pide el juez. “Tienen un promedio de 450 oficios por realizar y recién están respondiendo los de abril o mayo”. Están saturadas. Además, muchas veces ponen en riesgo sus vidas porque, según explicó Belén, “algunas han sufrido robos/asaltos yendo a los lugares y/o han recibido amenazas por su trabajo”.

Con respecto a la otra subsecretaría, de Asistencia a la Trata de Personas, especificó que está conformada por 9 personas y sólo 2 pertenecen a la planta permanente del Polo. “Es un área cuyo trabajo está totalmente invisibilizado. Es una subsecretaría vaciada”, reflexionó Belén.

En un contexto en el que la violencia de género se cobra cada vez más vidas, y en donde las cifras sobre la desigualdad de las mujeres en el mundo laboral continúan siendo desalentadoras, las autoridades les dijeron que “no era momento para pedir aumento”. Cuidar a las que cuidan no parece ser una prioridad para el gobierno provincial.

En un informe para nuestro programa de radio “El Mundo ha vivido equivocado”, Belén Valleto denunció las condiciones de precariedad laboral en la que se trabaja en el Polo de la Mujer.