Los rompehuelgas

“De aplicación inminente”, resaltó Oscar González , a cargo de la sesión que aprobó la ley 10461 de “Regulación de Servicios Esenciales”, diseñada para incorporar al transporte público a la lista de servicios esenciales que estaban bajo esa categoría en la legislación nacional (salud, agua y luz, telefonía y tráfico aéreo) La ley “antihuelga”, como la caracterizaron correctamente las organizaciones sindicales que protestaban afuera de una Legislatura totalmente vallada por la policía, fue aprobada por orden del gobernador Schiaretti y el intendente Mestre a partir del paro de transporte público que vivimos los cordobeses durante 10 días consecutivos.

Mientras los legisladores discutieron durante una hora una ley que contó 57 positivos, 5 negativos y 8 abstenciones (había legisladores que expresaron su voto negativo pero no estaban en el recinto cuando UPC propuso el voto nominal) la ley 10461 entró en la historia cordobesa impulsada por un gobierno provincial que se autodenomina peronista, pero que ordena aprobar una legislación contraria a los derechos constitucionales que consagró el mismísimo peronismo en la década del 40.

El proyecto estipula que quienes realicen paros de servicios esenciales deberán anticipar la medida de fuerza 5 días antes, y plantea la creación de una comisión técnica que decidirá qué servicios deberán garantizarse ante huelgas. Martín Fresneda, del bloque de Córdoba Podemos, votó en contra y sostuvo que “es un proyecto inconstitucional que atenta contra el derecho fundamental de los trabajadores, que confirma que los gobiernos nacional, provincial y municipal buscan desarticular los derechos de los trabajadores”. “Algunos de ustedes (en referencia UPC), que se olvidaron de la lucha de los trabajadores, les pido por favor que bajen los cuadros de Atilio López que los tienen repartidos por todos lados”.

Aurelio García Elorrio, del vecinalismo, fue otro de los críticos: “Esta ley es tribunera, oportunista, que no solucionará nada. Es más, esta Cámara no tiene competencia para legislar por encima del artículo 14 bis, es una ley inconstitucional”. Laura Vilches, del Frente de Izquierda, calificó de “antiobrero y gorila” al proyecto en tratamiento y luego se retiró del recinto para marchar con los gremios, al igual que Franco Saillén y Carmen Nebreda, de Córdoba Podemos.

La nota la dió el legislador Fernando Somoza, del Frente Cívico, el único de su bancada que votó en contra: “Este proyecto no representa la solución del problema”. En igual sintonía se expresó Liliana Montero, de Córdoba Podemos.

Entre los que votaron a favor se destaco Orlando Arduh, quien dijo “celebrar la iniciativa de UPC para garantizar un normal servicio a los ciudadanos”.L mismo que Daniel Juez, quien remarcó que “quienes tienen derecho de trabajar esperaban este gesto de la Legislatura. Estuvimos de rehenes”.

José Pihen, Hilda Bustos y Ricardo Vissani, de UPC, decidieron ausentarse, por no estar de acuerdo con el proyecto, los dos primeros en su doble condición de legisladores y sindicalistas.

Repudio gremial

Afuera, unas 2500 personas convocadas por las dos CGT y la CTA repudiaron abiertamente lo que denomina la ley “antihuelga”. Mauricio Saillén, del Surrbac, fue categórico al señalar que “tiene que estar todo el movimiento obrero unido para impedir la flexibilización laboral que pretende el gobierno nacional, que busca ajustar con el acompañamiento de las provincias. Pero no vamos a permitir que avasallen los convenios colectivos”.

Pablo Carro, de la CTA, aclaró que “están legislando a espaldas del pueblo, pero esta ley es inconstitucional, va contra los tratados internacionales de la Argentina. Pero hay que ser inteligentes, está bien movilizarnos y estar en las calles defendiendo el trabajo, pero tenemos que organizarnos políticamente, construir un gran frente sindical, social y político para enfrentar el ajuste”. Hablaron también dirigentes de Suoem, y los delegados de los choferes.