Mariana Carbajal

 

columnista alreves.net.ar

Seis años de Ni Una Menos: Entre conquistas, deudas y disidencias

 

Este jueves se cumplen seis años de la primera marcha de Ni Una Menos, donde la calle nos encontró juntas en un grito de hartazgo frente a la naturalización de las violencias machistas y la dramática sucesión de femicidios. Desde entonces, el tema dejó de ser marginal o menor para la mayoría de los medios, y los gobiernos tuvieron que empezar a dar respuestas. Sin embargo, la cantidad de femicidios se mantiene estable. La última estadística del registro de la Corte Suprema, difundida el fin de semana, contabilizó 251 femicidios directos durante el 2020, un número que sigue siendo muy alto, y más o menos el mismo que en los últimos años: un femicidio cada 35 horas. En 2019 se cometieron 252, en 2018, 255; en 2017, 251; y en 2016, 254, de acuerdo al mismo registro. Seis de cada diez femicidios son perpetrados históricamente por la pareja o ex pareja de la víctima, en el ámbito doméstico.

Los datos oficiales muestran también que no hubo un aumento de estos crímenes durante la pandemia, como se temía ante al incremento estrepitoso de consultas al 144, en los primeros meses de encierro sanitario. Pero llamativamente el pico se dio en abril (con 27 hechos), el mes del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un dato para analizar porque no suele ser en años anteriores el mes donde se concentren más casos.

El problema grave es que no se consigue que se reduzca la cantidad de femicidios, a pesar de las políticas públicas que se van implementando. Otra vez surge la pregunta: ¿No se puede o no se quiere prevenir los femicidios?

Jujuy es la provincia que tiene la mayor tasa de femicidios, con 2,68 casos cada 100 mil mujeres, dos veces y media la tasa promedio nacional que es de 1,09. En 2020 tuvo 11 femicidios. Le siguen Tucumán, Chaco, Salta y Misiones. No es casual que sean todas provincias del norte, donde la idiosincrasia es más conservadora y la injerencia de la Iglesia Católica, que se traduce en opresión hacia las mujeres, potente.

Al 31 de enero, Jujuy no tenía en uso ni una sola tobillera o dispositivo dual “activa”, a pesar de que el Gobierno de Gerardo Morales había recibido 55 de parte del Ministerio de Justicia, de acuerdo con datos oficiales. Es decir, ningún denunciado por hechos relacionados con la violencia de género tenía colocado ese dispositivo para controlar que no se acercara a la denunciante. ¿En ningún caso se necesitaba? Organizaciones de mujeres de Jujuy reclaman que sea destituido el magistrado Pablo Pullen Llermanos por haber tomado decisiones sin perspectiva de género como juez Especializado de Violencia de Género, entre ellas, ordenar en una causa de lesiones agravadas por violencia de género, la libertad de Carlos Gutiérrez, a pesar de la oposición fiscal y el informe de riesgo. Lo había denunciado su pareja Marina Patagua en 2018 y 2020: dos meses después, en febrero de este año, el hombre asesinó a la mujer. El mismo juez también dispuso la libertad de Daniel Gutiérrez, en diciembre de 2020, a pesar de haber sido condenado seis meses antes a cuatro años y seis meses de prisión por encubrir el femicidio de Gladys Condori, en 2017. Y negó en enero la detención a Oscar Raúl Farfan, quien en forma reiterada violó una orden de restricción indicada en una causa de abuso sexual respecto de su víctima. El pedido de jury tiene más acusaciones de “mal desempeño” contra Pullen Llermanos.

Jujuy es una pequeña muestra.

La violencia de género un problema estructural complejo: responde a la discriminación histórica de las mujeres y otras identidades feminizadas en la sociedad. Es evidente que se requiere de un mayor esfuerzo de quienes pueden intervenir, con abordajes integrales, con mayor presupuesto para las áreas involucradas en los municipios, con el fortalecimiento de las redes territoriales donde referentas barriales puedan detectar tempranamente los casos y acompañen a las víctimas: apenas el 14 por ciento de las víctimas de femicidio de 2020 habían hechos denuncias, de acuerdo con los datos de la Corte Suprema publicados el último fin de semana, y de ellas, solo el 5 por ciento contaba con medidas de protección. Es decir, la mayoría no llega a pedir ayuda. Y las que lo hacen, reciben respuestas deficientes de la Justicia.

Un dato muy significativo es que entre el primer hecho de violencia y la primera denuncia que hace una mujer contra la pareja o ex pareja hay un promedio de tiempo de 5 años y medio en los que aguantan el maltrato, de acuerdo a un estudio de las denuncias recibidas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema entre 2018 y 2020.

Es urgente la implementación en todo el país de patrocinios jurídicos gratuitos, una de las grandes deudas: se pedía ya en el petitorio de la primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, se aprobó una ley que creó un programa federal de patrocinio jurídico en diciembre de ese año, el macrismo la empezó a implementar con demoras y deficiencias, y todavía está solo en 13 provincias y con apenas 21 abogades, según informó la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

El tema, claro, no interpela solo al Gobierno nacional: son las provincias las que deben dar, sobre todo, las respuestas inmediatas. Son imprescindibles capacitaciones masivas para operadores de las justicias locales para que entiendan el fenómeno y actúen con perspectiva de género. El rechazo a la implementación de la Ley Micaela de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un pésimo gesto. Es importante la articulación de medidas y respuestas entre los poderes, con ayudas inmediatas a víctimas, y políticas de largo aliento como la profundización de la educación sexual integral, entre otras acciones.

El Gobierno tiene un Plan Nacional que se viene implementando pero en algunos de sus ejes los avances son lentos. Las campañas en los medios de sensibilización sobre el tema son esporádicas. Hasta el mes de mayo, el Programa Acompañar, uno de los ejes más importantes del plan que consiste en una ayuda económica a víctimas de violencia de género equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses, llegaba a 6084 personas en situación de violencia por motivos de género, con unas 12 mil mujeres en trámite para ingresar, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

Hay otras formas de violencias de género definidas en la Ley 26.485 que tienen menos visibilidad y a las que no les hemos prestado atención como la violencia económica, cuya manifestación más frecuente es el incumplimiento de la cuota alimentaria de parte del progenitor no conviviente. Es momento de que también entre en la agenda de las políticas públicas: las familias monomarentales –donde hay una jefa de hogar con hijxs a cargo– son las que más se han empobrecido durante la pandemia y las mujeres hacen malabares entre trabajos precarizados y una sobrecarga extrema de tareas de cuidado y domésticas, en estos tiempos de escolaridad de manera remota, sin estar contempladas específicamente en las ayudas económicas ofrecidas por el Gobierno.

En estos seis años los avances en la agenda de género han sido enormes. Los feminismos permearon en los barrios, en los clubes, en los sindicatos, en los medios, en la política. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Nación y en dos provincias, son consecuencia del activismo feminista. La sanción de la Ley de IVE es otra gran conquista. Pero las deudas con las mujeres y las disidencias, sobre todo aquellas de sectores más vulnerables, siguen siendo grandes. ¿Será posible soñar con un futuro cercano que no duela tanto?

Publicado en Página 12.