Si no hay pan, coman balas

El gobierno acelera decisiones para contentar a electores enojados por la economía pero dispuestos aún a acompañar a Cambiemos. Quiere bajar un año la edad de imputabilidad en tiempo récord y modificar la ley de Migraciones para expulsar extranjeros. El combo se anunció con el Protocolo Bullrich e incluye las Taser.

 lunes, 7-enero-2019

Un estado represivo y con política de gatillo fácil no condice con las pretensiones externas del gobierno.


Si no hay para consumir bienes y servicios, se consumirá sensación de orden y mano dura. En 48 horas, el Gobierno de Cambiemos anunció medidas de corte represivo y xenófogo destinadas a acariciar a su electorado estable, pero principalmente a ese nuevo sujeto político que constituyen los enojados confesos por la economía pero dispuestos a seguir votando al macrismo por lo que representa políticamente.

El Gobierno nacional anunció proyectos de ley para bajar a los 15 años (de los actuales 16) la edad de imputabilidad y para endurecer el trato con los inmigrantes. Este combo se suma a la compra de las 300 pistolas Taser para represión anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al Protocolo de uso de armas de fuego que permite a la Policía Federal disparar incluso por la espalda, sin dar voz de alto previamente.

El oficialismo quiere que la baja de edad de imputabilidad se trate en el Congreso en las sesiones extraordinarias de febrero, es decir, un plazo récord para una reforma penal con tantas implicancias.

La decisión concitó el rechazo de organismos nacionales e internacionales, como Unicef, porque centra la problemática de los menores en conflicto con la ley en la baja de la edad de punición.

Además, y en línea con lo que el PRO viene haciendo en materia migratoria, Bullrich anunció el endurecimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, con el objetivo de acelerar la expulsión de extranjeros que supuestamente delincan. Desconociendo todas las estadísticas, la ministra sostuvo que el 20% de los delitos son cometidos por inmigrantes, cuando entre la población carcelaria, los presos no argentinos son el 2%. Este proyecto profundiza lo dictado por el decreto 70/2017 que permite la expulsión sumaria de extranjeros que hayan cometido delitos y que fue objetado judicialmente. Además, se impulsa la creación de una Camara Nacional Migratoria, que será un fuero especial para inmigrantes.

El “combo del orden armado” se completa con la compra de 300 pistolas eléctricas Taser para usar supuestamente en lugares con aglomeramiento de personas. Estas armas son cuestionadas por organismos de derechos humanos y representantes de la Justicia porque operan como picanas. Todo estas iniciativas se enmarcan en lo que el gobierno llama “nuevo paradigma de seguridad” cuya primera medida estrella es el “Protocolo Bullrich”, que avala el uso indiscrimando de armas de fuego en fuerzas de seguridad y elgatillo fácil.