Sin derechos ni garantías

Alrededor de 900 internos realizan huelga de hambre en el Penal de Bouwer. Denuncian que les cortan el servicio de agua durante el día y que sufren condiciones indignas como resultado de la superpoblación. “La cantidad de reclusos es tres veces mayor a la capacidad operativa de los establecimientos penitenciarios”, explicó la Defensora Oficial de la Justicia Federal. Los presos también reclaman la compulsiva aplicación de prisiones preventivas, ya que que “hay más del 50% que están privados de la libertad sin una sentencia firme”, según indicó el abogado López Tais.

 jueves, 19-diciembre-2019

Alrededor de 900 internos de Bouwer reclaman por mejores condiciones y por el respeto a sus derechos constitucionales


Junto con el fin de año se destapan, indefectiblemente, varias ollas. Tal es el caso de la situación que están padeciendo los internos del Penal de Bouwer. Desde hace una semana, tomaron la decisión de realizar una huelga de hambre en reclamo de que se garanticen sus derechos básicos, como poder contar un servicio de agua potable y de calidad durante todo el día – hace dos meses que denunciaron esto-, además de poder permanecer en el establecimiento bajo condiciones dignas frente al hacinamiento que viven en el penal. También denuncian la irracional aplicación de las prisiones preventivas que deriva en la privación de la libertad durante mucho tiempo sin tener sentencia firme. Hasta ahora, son alrededor de 900 los internos – 500 condenados y 400 procesados – de un total de 5000 que llevan adelante la protesta.

“La semana pasada, con 38 grados de calor, les cortaron el agua y no podían asearse”, señaló el abogado penalista Rodrigo López Tais a Radio Nacional Córdoba. “Esta situación, que parecería ser accidental, forma parte de una degradación general del alojamiento de los internos del Servicio Penitenciario, no solamente en Bouwer sino en Cruz del Eje y en otros establecimientos”, aseguró. El especialista sostuvo que esta realidad ha sido denunciada tanto por el Colegio de Abogados como por el Observatorio de DDHH de la UNC, pero no han obtenido respuestas ni del Servicio Penitenciario ni del Gobierno Provincial.

Respecto de la superpoblación y, en consecuencia, el hacinamiento que denuncian los reclusos, la Defensora Oficial de la Justicia Federal de la Nación, Mercedes Crespi, remarcó que la cantidad de internos en las cárceles del país “supera en tres o cuatro veces la capacidad operativa de los establecimientos”, en referencia a huelga de hambre llevada adelante la semana pasada por 9.000 presos en cárceles bonaerenses por similares motivos. La masividad genera otros problemas como “la restricción de visitas, se anulan algunos talleres para los presos duerman ahí y también baja la calidad de servicios médicos y sociales”, puntualizó la funcionaria judicial

Con relación a la aplicación indebida de prisiones preventivas, López Tais detalló que “la prisión preventiva es de carácter excepcional porque la regla es la libertad, basada en el derecho de presunción de inocencia que establece la ley”. En ese sentido, indicó que “más del 50% de los internos están privados de la libertad sin una sentencia firme, algo que viola de manera flagrante nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, y la Constitución Provincial en su artículo 49”. En ese sentido, los reclusos de los 4 Módulos – junto a sus familiares – exigen el cumplimiento de la ley 24.660 y están pidiendo a la Justicia que se conforme una mesa de diálogo y se los convoque para que sean escuchados en su reclamo.