Sin los compañeros, no hay reforma
El gobierno nacional pasaría para marzo el tratamiento de la reforma laboral, en lugar de hacerlo en sesiones extraordinarias en febrero, como se había pensado. Macri necesita un apoyo explícito del PJ y de la CGT para poder avanzar en el Congreso, y una parte importante del sindicalismo no avalará el proyecto tal cual está.
martes, 9-enero-2018
El gobierno espera el apoyo de la CGT para avanzar en la reforma laboral.
El desgaste político –interno y externo- que significó para el gobierno nacional aprobar la reforma laboral con cientos de miles de personas en las calles y una represión que desgastó su imagen, haría que Macri y compañía esperen las sesiones ordinarias de marzo para arrancar las negociaciones por la reforma laboral.
“Necesitamos un nivel de consenso que sea explícito, mucho mayor al que tenemos hoy”, dijeron fuentes de la Casa Rosada al diario La Nación. Y si bien es cierto que el triunvirato de la CGT había acordado casi todos los puntos del proyecto oficial, el sector que responde a Pablo Moyano y a la Corriente Federal de Trabajadores –que crece cada día más entre las bases de laburantes-, no va a acompañar un proyecto de ley que aniquila cien años de conquistas laborales.
Una fuente sindical de uno de los gremios cercanos al gobierno, reconoció a este portal que “la reforma laboral iba a tratarse en diciembre, pero la tragedia del ARA San Juan cambió los ánimos de la gente, y el gobierno entendió que no era el momento para tratar un proyecto que tenía mucha resistencia, tanto en la oposición parlamentaria, como en buena parte de la sociedad”.
Tampoco había consenso entre muchos gobernadores del PJ para votar una ley que, entre muchos puntos claramente pro patronal, excluía las horas extras en el cálculo indemnizatorio, reducía de dos años a uno el tiempo para demandar al empleador, ponía en una situación de igualdad al trabajador con el empleador cuando la relación es desigual, y habilitaba la precarización del empleo”.
“Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales”, describieron fuentes oficiales al diario de Mitre, quien también asegura que la relación con los gremialistas “se va a endurecer”, fundamentalmente con los referentes sindicales que resisten el proyecto, pero también con el triunviro cegetista.
En los dos años que lleva en el gobierno, Cambiemos utilizó el apriete judicial y mediático para domar voluntades. Inclusive la extorsión a legisladores de la oposición para que votaran la reforma previsional, como lo denunció la diputada por Chubut, Rosa Muñoz. La reforma laboral es el próximo test político del gobierno, una exigencia del FMI y de las cámaras patronales, por lo que el movimiento obrero organizado y sus representados deberán prepararse para una dura batalla.