Sin pacto para vivir
Unas 60 familias sufrieron, por tercera vez en lo que va del año, el avance de la Policía de Córdoba. Alrededor de las 7 de la mañana, fueron expulsadas de un predio ubicado en Estación Ferreyra, sin que mediara una orden de desalojo. Con un 40% de la población del Gran Córdoba sumergida en la pobreza, un 19% de desempleo y ante la falta de respuesta estatal, las tomas de tierras aparece como la única salida que encuentran aquellos sectores más golpeados por la pandemia.
jueves, 19-noviembre-2020
Entre las 7 y las 10 de la mañana, la Policía de Córdoba terminó de desalojar a las 60 familias que aún permanecían en un predio de Estación Ferreyra, aguardando una respuesta del Estado que nunca llegó. Foto: La Voz.
A la crisis socioeconómica generada por el gobierno de Cambiemos se le sumó la pandemia. Si bien los efectos se sintieron en toda la población, el golpe más duro los recibieron – y lo reciben – aquellos sectores más vulnerables que no cuentan con un trabajo formal y sobreviven a través de changas y demás rebusques. Ante el 40% de pobreza y el 19% de desempleo que sufre el Gran Córdoba, la ocupación de tierras aparece como una salida frente a la desesperación de aquellas familias que no cuentan con un techo donde cobijarse ni ingresos suficientes como para poder afrontar un alquiler.
Según datos recopilados por La Voz, hasta septiembre había unas 15 tomas de tierras activas en nuestra ciudad. Una de ellas es la de Estación Ferreyra que hoy, por tercera vez, padeció el avance de la Policía de Córdoba que llegó a las 7 am para terminar de expulsar a las 60 familias que permanecían en el predio desde marzo pasado. Sin que mediara una orden de desalojo e impidiendo que dirigentes y trabajadores de prensa ingresaran al lugar, los efectivos detuvieron a siete personas: entre ellas la legisladora provincial del Polo Obrero – FIT Unidad, Soledad García Díaz, el abogado Jorge Navarro y la integrante de la mesa directiva del partido, Susana Altamirano. “Desde las 10 de la mañana nos dicen que los van a liberar, pero no pasa nada”, reclamó Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, en horas del mediodía.
En julio y octubre pasado, las fuerzas de seguridad habían conseguido echar, violentamente, a algunas de las 130 familias que originalmente se habían asentado en el terreno de más de 6 hectáreas, propiedad de Leonardo Yaryura, dueño de la empresa Clean Cor. De acuerdo a lo que precisó el dirigente del Polo Obrero a Al Revés, el fiscal Tomás Casas – que no estuvo presente durante el operativo – nunca recibió ni al representante legal ni a las familias. Además sostuvo que, desde hace aproximadamente un mes, se había conformado una mesa de diálogo con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para encontrar una respuesta al problema. “Pero la solución fue el desalojo”, indicó. “El problema no es represivo, es político”, analizó.