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A horas de la aprobación de la ley de reforma previsional que es rechazada por más del 70% de la sociedad, el juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, además de procesar sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acusados de defraudación impositiva contra el fisco. Los tres fueron embargados por más de 17 millones de pesos cada uno.
martes, 19-diciembre-2017
Cristóbal López tiene una deuda millonaria con la Afip, pero seguirá el proceso en libertad.
Cuanto todavía resonaban los disparos policiales y el gas lacrimógeno flotaba en las calles de Buenos Aires después de aprobada la reforma previsional, la justicia federal procesó y dictó la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López -quien aún no fue encontrado por la policía-, y Fabián de Souza -detenido en su casa de Puerto Madero-, al tiempo que también procesó sin pedido de detención al ex titular de la Afip, Ricardo Etchegaray.
El juez Ercolini se hizo eco de la denuncia presentada el año pasado por la diputada oficialista Elisa Carrió a partir de una investigación del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, y acusó a los empresarios de haberse beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, que si bien había sido cobrado a sus clientes a través de su empresa Oil Combustibles, nunca fue girado a la AFIP.
En el fallo el juez entiende que con ese dinero que retuvo, López y De Souza, uno de los directores y accionista, expandieron su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo.Echegaray, en tanto, también fue procesado pero sin prisión preventiva, con un embargo por más de 17 millones de pesos, acusado por el mismo delito de los empresarios: supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
El magistrado consideró que el ex titular del ente recaudador “violó sus obligaciones como funcionario dado que omitió controlar el pago en tiempo y forma de las obligaciones relativas al ICL y el adecuado otorgamiento de los planes de facilidades de pago -generales y especiales-, lo que sucedió sistemática y deliberadamente”.
Esta maniobra habría permitido que López y De Sousa -a través de la firma Oil Combustibles SA- “financiaran a otras sociedades de su propio grupo empresario, obteniendo así un beneficio económico indebido”, dice un fallo que no llama la atención por los hechos investigados, sino por el momento en que se concreta: a las pocas horas de la sanción de una ley rechazada de manera contundente por amplios sectores de la población, aprobada en medio de una salvaje represión que el presidente Macri no pudo justificar en conferencia de prensa.