Sólo nos falta el muro

Siguiendo la línea que marca el imperio del norte, en la Argentina macrista los números hablan por sí mismos: la deportación de extranjeros creció un 3.150 por ciento en relación a 2015. Este año, la Justicia argentina ya deportó a 65 personas, mientras que en hace dos años habían sido sólo 2. En 2016, el número ya había mostrado un crecimiento: ese año hubo 33 deportaciones.

Una de las razones de este crecimiento, amén del cambio de matriz ideológica en el Ejecutivo y acompañada por el Poder Judicial, es el decreto 70/2017, que acelera los procesos de deportación pero fundamentalmente permite la expulsión de extranjeros procesados por cualquier delito penado con privación de la libertad. O sea, las deportaciones pueden darse en personas procesadas pero sin condena firme. Curiosa vara la del gobierno, ya que Mauricio Macri asumió la presidencia en esa situación jurídica.

Es decir, si Macri hubiera sido extranjero, con este decreto –que él mismo firmó- podría haber sido deportado.

El CELS presentó un pedido de impugnación de este decreto, pero el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 a cargo del juez Ernesto Marinelli rechazó la medida. Diego Morales, abogado del CELS, mostró su preocupación ya que, según dijo, el decreto permite la expulsión de “una persona que corta una calle, que vende en la vía pública y afecta la ley de marcas, alguien que vende comida en la vía pública”.

“Este DNU puede incorporar cuestiones sociales, ilegalidades mínimas, resistencia a la autoridad, todos los delitos vinculados a usurpación. El Estado tiene la posibilidad de definir cuáles son los criterios de residencia, define quién se puede quedar y quién no. Pero el tema es qué garantías le das. Al narcotraficante y al extranjero que incurre en un delito menor les aplican la misma norma”, completó Morales.