4
marzo
2022
La patota que amedrentó a los campesinos de Santiago del Estero volvió a mostrar el nivel de violencia que existe en los conflictos de tierras.
El avance de la frontera agropecuaria, los proyectos extractivistas y los megaemprendimientos inmobiliarios se imponen a fuerza de amenazas, golpizas, torturas y asesinatos.
Además, se ha incrementado la presencia de grupos de civiles armados actuando coordinadamente con fuerzas de seguridad estatales en algunas provincias.
La comunidad campesina-indígena La Martona, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, fue víctima de un terrible episodio de violencia ayer por la mañana.
Un grupo armado irrumpió con armas reglamentarias, bombas molotov, bidones de querosén y nafta durante una asamblea del MOCASE en donde había niños, mujeres y ancianos.
Además de la empresaria Noelia Berzano, también participaron del atropello cinco hombres más.
Según informaron algunas de las personas presentes en el lugar, la policía de Colonia Dora – la localidad más cercana – nunca respondió al pedido de ayuda.
La violenta situación volvió a visibilizar los brutales métodos con los cuales grupos privados buscan desalojar a las personas de sus territorios.
Lo cierto es que, desde el año 2000 en adelante, aparecieron en forma cada vez más recurrente las provocaciones, las amenazas, las golpizas, las torturas, las violaciones y los asesinatos cuando las familias no quieren abandonar sus hogares.
Y, lo que es peor, cómo ese hostigamiento ocurre muchas veces con la ayuda de instituciones gubernamentales.
De acuerdo al trabajo “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del despojo”, Santiago del Estero es una de las provincias con mayor presencia de grupos de civiles armados actuando coordinadamente con fuerzas de seguridad estatales en los conflictos de tierras.
Noelia Berzano, la mujer que interrumpió la asamblea campesina, dijo ser empresaria agropecuaria y dueña del territorio.
La voracidad y la falta de escrúpulos del agronegocio no es ninguna novedad.
Allí viven 420 familias que se dedican a la agricultura comunitaria y a la ganadería familiar.
Casualmente, el aumento de la violencia rural coincide con el avance de la frontera agropecuaria, el extractivismo y los megaemprendimientos inmobiliarios.
Mientras algunos organismos del Estado intentan desplegar políticas de ordenamiento territorial, las policías provinciales junto al poder judicial suelen proteger intereses privados y ser parte de la trama de la violencia que sufren las comunidades campesinas-indígenas.
En definitiva, el ritmo de la desterritorialización campesina e indígena es el ritmo de la apropiación de los territorios con los que opera el agronegocio, el extractivismo y el desarrollismo en nuestro país.
17
enero
2023
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