Tiempos violentos

La pandemia nos trajo, entre otras cosas, la cuarentena, y el Estado dispuso que las fuerzas de seguridad del país estuvieran a cargo del control permanente en rutas, vías, espacios públicos y accesos para garantizar el cumplimiento de la medida sanitaria. Lo que la sociedad entendió como un “prevención”, las instituciones policiales del país lo interpretaron como un incentivo para continuar con el histórico accionar represivo que detentan desde hace muchos años.

De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, hubo más de 30 casos de violencia institucional en todo el territorio argentino desde que comenzó el ASPO el pasado 20 de marzo. En ese sentido, subraya que, en la mayoría de las situaciones, se decidió separar a los miembros de las fuerzas involucrados pero no se avanzó en las investigaciones judiciales, garantizado la impunidad de las instituciones. El organismo remarca que es necesario pensar en una reforma integral de las fuerzas de seguridad, con formación en DDHH y perspectiva de género, incluso para que los propios efectivos conozcan sus derechos.

Detenciones ilegales; represión (golpizas); torturas (obligar a una persona a permanecer parada durante 9 horas o a hacer flexiones, el uso de la picana); muertes por gatillo fácil en la vía pública; decesos en comisarías; y desapariciones forzadas forman parte de algunas de las conductas denunciadas durante la cuarentena, pero arraigadas desde hace tiempo en nuestro país. “La naturaleza y la violencia desatada por efectivos de seguridad no sorprende, no aparece como una situación nueva, pero sí es una situación develada por el contexto de pandemia”, analizó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en El Destape.

En Córdoba, la Facultad de Ciencias Sociales realizó un relevamiento preliminar sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia y coincide con Amnistía Internacional en la “continuidad” del abuso policial durante el ASPO – sobre todo en los barrios populares contra les jóvenes – pero remarca que apareció una extensión de estas prácticas hacia otros sectores socioeconómicos y etarios frente a estas nuevas posibilidades de interacción policial que favoreció la cuarentena. El informe da cuenta que las formas represivas más denunciadas fueron “abuso y arbitrariedad en el uso de la violencia policial” y el “hostigamiento y/o maltrato verbal en el momento de la detención”. En el caso de que sea posible, recomendaron registrar (fotografías, videos) esas situaciones y denunciarlas.