Tierrorismo
La voracidad por la tierra no reconoce límites y atenta contra la vida. Desde hace 8 años, una familia de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca viene soportando todo tipo de hostigamientos, amenazas y violencias. Desde asesinar a sus animales hasta colocar explosivos en la vivienda: así operan quienes buscan aterrorizar y expulsar de su hogar a Carlos López, su compañera y sus cuatro hijes.
viernes, 13-agosto-2021
Carlos Lopez y su familia viven atormentados por quienes buscan despojarlos de su tierra.
El avance inmobiliario, la extensión de la frontera agrícola y los emprendimientos mineros no perdonan. Trabajadores campesines y pueblos originarios son las principales víctimas de su despiadada voracidad por la tierra. Camino a Candonga, en la comuna El Manzano, un predio de 123 hectáreas – en donde vive una familia de la Comunidad Comechingón Pluma Blanca – es el motivo de disputa de algunos grupos privados interesados en explotar las canteras de la zona.
El terreno fue ocupado hace muchos años por generaciones anteriores.
Ocupación del lugar por parte de personas inescrupulosas; disparos a la vivienda con gente adentro; incendio de una habitación; corte de alambrados; y matanza de animales. Amenazas con armas de fuego y violencia sexual contra integrantes de la familia. Pero el hostigamiento no termina allí: también rociaron con nafta las ventanas y colocaron proyectiles de fabricación militar en el interior de la casa. “Es un atentado contra la vida”, denunció Natalia Bilbao, abogada de las víctimas.
El material explosivo encontrado en la vivienda tenía la faja de Fabricaciones Militares.
El amedrentamiento que viene sufriendo la familia López lleva aproximadamente 8 años. Según indicaron voceros de la comunidad originaria, una cantera y una empresa son los actores que tendrían interés en el lugar. Con una sentencia de desalojo – suspendida por la pandemia – y el planteo jurídico que apunta a defender a la familia en base al derecho ancestral sobre la tierra, la causa civil aguarda lentamente alguna resolución.
Sin embargo, la principal preocupación ahora reside en el peligro que corre la vida de la familia. Las infinitas denuncias que realizaron colisionan con una institución policial retrógrada y una Justicia conservadora que desconoce la legislación que protege los derechos indígenas. “En una ocasión, la policía le pidió un ADN indígena: algo que no se hace en ningún lado del mundo, pero es una práctica cotidiana en Córdoba”, relató Pablo Reyna, vocero de la comunidad.
El principal interés económico reside en las canteras del lugar.
De acuerdo a lo que contó la abogada de la familia, la policía subestima todas las demandas ya sea por ser “indígenas, mujeres y/o por formar parte de un grupo vulnerable”. “Cuando fuimos a denunciar la presencia de los explosivos en la comisaría de Salsipuedes, primero dudaron de nuestra palabra hasta que finalmente corroboraron lo que decíamos”, contó.
Frente al terrible temor con el que vive la familia López, el próximo 21 de agosto a las 11 horas habrá una conferencia de prensa en el territorio junto a otros miembros de la comunidad para visibilizar la grave situación que atraviesan desde hace casi una década.