Tijera mayor para podar el Estado

El gobierno oficializó una medida que anunció con bombos y platillos: se publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/2018, que tiene como eje la prohibición de nuevas designaciones en los distintos brazos del Estado nacional. “No podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019”, reza la norma.

Esta prohibición tiene algunas excepciones, en organismos cuya propia lógica de funcionamiento prevén designaciones permanentes: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Servicio Penitenciario Federal (SPF), universidades nacionales y fuerzas armadas y de seguridad (sin contar al personal civil de estas fuerzas).

Por otro lado, el decreto indica sólo los funcionarios con cargo de ministro o superior podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva, excepto los secretarios en el caso de viajes con una duración mayor a ocho horas. El texto establece que debe haber una reducción del 30 por ciento del presupuesto en viáticos, gastos de pasajes y movilidad.

Además, se le solicita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado un relevamiento de vehículos pertenecientes al Estado “a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”. A esto, se suma la suspensión de los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos.

En los considerandos, el decreto indica que la intención gubernamental es “que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos” y que para eso “se requiere instrumentar diversas acciones que permitan brindar respuestas eficientes con la asignación de recursos disponibles”. Esto en el vocabulario macrista no es más que un eufemismo para referirse a una prensa que ajusta sin parar al Estado: según el Centro de Economía Política Argentina, sólo el año pasado hubo 3.645 despidos en la administración pública. Si a eso se le suman las 354 cesantías recientes de Télam, en 18 meses quedaron en la calle como mínimo 3.999 personas.