Imputados

El dictamen del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal tras la denuncia radicada ayer por el abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli. “Prevaricato es el delito que se les adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho”, había explicado ayer Parrilli.

Bajo el número 5900/2017, la denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Rafecas y apuntó contra los tres jueces que avalaron la aplicación del 2×1 para Luis Muiña, condenado a trece años de prisión por la represión de Estado en el Hospital Posadas al comienzo de la última dictadura militar.

“La ley del 2×1 era de aplicación a delitos comunes, nunca a los de lesa humanidad, que no son susceptibles de amnistía o conmutación encubierta, un conocimiento que no puede escapar a los miembros de la Corte”.

Marcelo Parrilli, abogado denunciante de los ministros de la Corte

Parrilli fue muy duro con Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y con el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, de quien recordó “haber sido director académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) una estructura creada en 1976 por Jaime Smart –ex ministro de justicia bonaerense- para instruir jurídicamente a la dictadura”.

No al 2×1

El tribunal oral federal de la provincia de San Juan dispuso la “inconstitucionalidad” de la aplicación del 2×1, en el marco del artículo 7 de la Ley 24.390, después de que un represor solicitara el beneficio.Para los jueces Raúl Fourcade, Héctor Cortéz y Alejandro Piña, concederle tal situación a Alejandro Lazo, un genocida con prisión domiciliaria, condenado a una década de prisión hace cuatro años, significaría vulnerar “el derecho a la verdad” y “los pactos internacionales que comprometen al país”.

Para los magistrados sanjuaninos, la concesión brindada por el máximo tribunal es aplicable solo para el caso de Luis Muiña.