“Todo lo actuado por el gobierno nos lleva a pensar en un encubrimiento”

“La figura de encubrimiento tiene 3 niveles de responsabilidad penal: el primero es el de los autores materiales, que tienen que tener inscripción en el aparto del Estado, son los que secuestran el cuerpo, el segundo los autores mediatos, que son los que imparten las órdenes, las directivas, los protocolos, bajo los cuales opera el secuestro, y el tercer nivel los responsables del encubrimiento, que son las autoridades de gobierno, que con pistas falsas distraen, niegan la participación del aparato estatal, tal y como ocurrió desde el primer minuto con Santiago Maldonado”, señaló Barcesat al programa Nada del Otro Mundo, de Nuestra Radio FM.

Para el abogado constitucionalista “todas las afirmaciones incurridas desde que se tuvo noticia de la desaparición de Santiago son elementos para sostener un encubrimiento por parte de las máximas autoridades del gobierno nacional”. Y detalló cada una: “Primero dijeron que lo vieron en Entre Ríos, que había un cadáver flotando en el río, que había un cuerpo en una morgue de una provincia chilena, y la última la versión del puestero, que fue brutalmente sapulta en función de las pruebas periciales de ADN, que demostró que la sangre de esta persona no coincidían con las aportadas por la familia de Santiago”.

Para el letrado, “si a esto se agrega que el gobierno quiere poner como victimarios a los mapuches, en un lugar donde solo actuó la Gendarmería, hay que ser realmente torpe para instalar una pista falsa que sea creíble”.

El abogado también puso como argumento “los reclamos de las organizaciones internacionales específicas que abordan la temática de la desaparición forzada, que no vacilaron un minuto en emplazar al gobierno para que investigue para saber quiénes intervinieron en el secuestro de Santiago”.

Sin vacilar, y ante la posibilidad de que la justicia que investiga el caso no llegue a nada y el caso quede impune,vremarcó que “se trata de un crimen de lesa humanidad, que son imprescriptibles y de jurisdicción universal, así que si acá hay complicidad de los jueces, se puede ir a otro país a reclamar que se investigue y se haga justicia con Santiago”.

Impulsora en el mundo de estas convenciones internacionales, que están incorporadas a nuestra normativa legal, Barcesat resaltó que “resulta paradojal, bochornoso, que la Argentina ahora no las aplique, justamente ante el obrar que incuestionablemente pasa por el aparato del Estado, tanto por las más altas autoridades del poder ejecutivo como de gendarmería, que son los denunciados”.