Torturadas

Como publicó Horacio Vertbisky en el diario Página/12 del domingo, la dirigente de la organización Tupac Amaru denunció ante la fiscalía 3 de Jujuy y ante el Grupo de Trabajo de la ONU, que ella y otras internas padecieron torturas físicas, y la utilización de celdas de castigo y hostigamiento en el penal de Alto Comedero, donde Milagro se encuentra detenida de manera arbitraria desde el 16 de enero del 2016.

Sala desmintió también ante los funcionarios judiciales lo que es un modus operandi en la política jujeña: que ella es la responsable de amenazas y agresiones a otras personas, en este caso de otra interna del penal, Rosa Susana Miranda.

Ante el fiscal Carlos Farfán, Milagro acusó como responsable de su persecución a la ex subdirectora del penal, Patricia Balcarse, que fue relevada de ese cargo días antes de que llegara a Jujuy el Grupo de Trabajo de la ONU, y que según Milagro “le pegó dos veces una cachetada, le pellizcó el brazo y le pegó una patada en la pierna, situación que Sala denunció ante Adriana Fernández, Secretaria del Tribunal Criminal N2.

Según declaró la referente social ante la fiscalía de Farfán–y que es publicada por la nota de Página/12-, era la propia Balcarse quien le decía que los maltratos “se producían por orden del ministro de Gobierno de Gerardo Morales, Ekel Meyer”..

Morales, acorralado

Los enviados del Grupo de Trabajo de la ONU visitaron el penal de Alto Comedero, hablaron con Milagro y las otras detenidas de la Tupac, y este jueves ofrecerán una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que ratificarán lo que sostuvieron en octubre del 2016: “que Milagro Sala está ilegalmente detenida en Jujuy, y que la situación de los derechos humanos en la provincia de Morales es crítica.

Por su parte, como escribió Vertbisky,“el Poder Ejecutivo Nacional tomó prudente distancia del caso y espera que la Corte Suprema de Justicia le quite el problema de encima disponiendo la libertad de Milagro. Si bien el presidente Maurizio Macrì comparte el propósito de disciplinamiento de los movimientos sociales por medio de la criminalización de sus protestas y sus dirigentes, el caso de Milagro Sala alcanzó una repercusión nacional e internacional que cada día resulta más gravosa para el sector de la Alianza Cambiemos que no milita en la Unión Cívica Radical, convertida en su ala derecha en un tema tan sensible como las libertades públicas”.